El Gobierno envió al Congreso un polémico proyecto para eliminar más de 70 leyes: ¿qué normas buscan derogar?

El Poder Ejecutivo nacional presentó este jueves en el Congreso el proyecto conocido como “Ley Hojarasca”, una iniciativa que busca derogar más de setenta normas que considera obsoletas o que afectan libertades individuales. La propuesta, impulsada por Federico Sturzenegger, divide las leyes en categorías específicas según el motivo de su eliminación.

En el documento enviado a los legisladores, el Gobierno justificó la necesidad de esta “poda” legislativa argumentando que muchas leyes vigentes ya no tienen aplicación práctica. “Sea porque son meramente declamativas, las circunstancias históricas en las que fueron dictadas quedaron en el pasado, esas regulaciones han sido superadas por leyes posteriores o por los cambios que experimentó la sociedad en lo tecnológico o social”, explicaron desde el Ejecutivo.

La administración nacional fue más allá en su fundamentación, sosteniendo una postura contundente: “Los derechos no requieren leyes”.

¿Cuáles son las leyes más polémicas que buscan eliminar?

El proyecto pone el foco en varias normas históricas. Una de las más destacadas es la Ley 14.034, promulgada en 1951 durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Esta ley establece penas de prisión de cinco a veinticinco años para el argentino que “propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino”.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Sturzenegger, afirmó sobre esta norma: “Esta ley prohíbe la defensa de los derechos humanos de la sociedad argentina en los foros internacionales”.

Otra legislación en la mira es la Ley 18.312, de 1969, que crea un fondo para el desarrollo de la producción de papel prensa y celulosa. El Ejecutivo señaló que esta ley “busca restringir la libertad de expresión”.

Normas de la dictadura y privilegios parlamentarios bajo la lupa

El listado también incluye dos leyes del gobierno de Alejandro Lanusse. Por un lado, la Ley 19.787, que según el proyecto “restringe la elección de temas musicales en la programación de radios”. Por otro, la Ley 20.120, que “habilita al Estado a prohibir reuniones privadas entre ciudadanos”.

Un punto que generará debate es la inclusión de la Ley 20.959, de 1975, que otorga a senadores y diputados nacionales libre circulación y libre estacionamiento. Al respecto, Sturzenegger apuntó: “Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática”.

Entre las leyes más recientes figura la Ley 26.688, aprobada durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. Esta norma declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos, considerándolos bienes sociales. El argumento del Gobierno para su derogación es que su reglamentación “no impone acciones concretas”.

Las seis categorías de la “Ley Hojarasca”

El proyecto segmentó las más de 70 leyes en seis grupos específicos. El primero agrupa a las “Superadas por normas posteriores”, que incluye leyes como la 23.678 y la 24.675.

El segundo conjunto son las “Obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo”, donde figuran normas como la 20.577 y la 23.888.

El tercer y más polémico grupo son las que “Afectan libertades individuales”, que además de las ya mencionadas incluye las leyes 20.802, 20.983 y 22.875.

Las leyes “cuya derogación implica un avance en el proceso de desburocratización” forman el cuarto grupo, con normas como la 25.750 y la 27.171.

El quinto conjunto reúne a las que “Remiten a procesos inexistentes u organismos disueltos”, e incluye el Decreto de Ley 12.795/44 y el Decreto 1.262 del 22 de mayo de 2003.

Finalmente, el sexto grupo son “Leyes sobre organismos para integrantes del sector público, financiados con fondos públicos nacionales”, que contiene las leyes 20.984 y 24.807.

El proyecto ahora inicia su camino en el Congreso, donde se espera un intenso debate sobre la pertinencia de eliminar estas décadas de legislación acumulada.