El Gobierno envió cuatro proyectos al Congreso: qué hay detrás del super-RIGI y la derogación del etiquetado frontal

El Gobierno oficializó el envío de cuatro nuevos proyectos legislativos al Congreso. Entre ellos, el super-RIGI, una ley de lobby, la prevención de la ludopatía y la derogación del etiquetado frontal. La iniciativa busca sostener la agenda política con medidas que van desde incentivos millonarios hasta sanciones penales.

Super-RIGI: el incentivo a las industrias del futuro

El super-RIGI busca crear un esquema que ofrezca mayores beneficios que el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones vigente para las “industrias del futuro” que todavía no operan en el país. Según aclara el texto oficial, se entenderá por “nuevas actividades económicas” a todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional.

Para ser alcanzada por el beneficio, dicha actividad no debe desarrollarse en el país antes de la entrada en vigencia de la ley. Además, establece que la inversión mínima debe superar los US$1000 millones en activos computables. De ese monto, al menos un 20% debe comprometerse dentro de los primeros 2 años desde la fecha de adhesión.

A cambio, el régimen ofrece una importante cantidad de beneficios tributarios y aduaneros: una tasa de impuesto a las ganancias del 15% -10 puntos menos que el RIGI actual-; la exención de derechos de importación y exportación de bienes vinculados con el proyecto; y un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones.

Ley de Lobby: regular la gestión de intereses ante el Estado

El proyecto oficialista propone regular por primera vez de manera integral el lobby en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo nacional. Para ello, el texto establece un régimen de inscripción obligatoria, una registración pública de contactos y una serie de sanciones penales para quienes influyan en decisiones del Estado sin cumplir con los requisitos de transparencia.

Entre sus principales medidas, la ley crea un Registro Público de Gestores de Intereses de acceso gratuito y digital, donde deberán inscribirse de forma previa todas las personas, humanas o jurídicas, que pretendan influir en la elaboración de leyes, actos administrativos, contrataciones públicas, subsidios, habilitaciones o designaciones.

Así, el proyecto impone que ningún funcionario podrá reunirse con un gestor que no acredite inscripción vigente, y cada contacto deberá quedar registrado dentro de los cinco días hábiles de producido. La medida alcanzaría desde el Presidente y el Vicepresidente hasta los ministros, secretarios, subsecretarios y directores nacionales. También incluye a senadores, diputados y asesores que actúen en su nombre.

Ludopatía: sanciones al juego ilegal y campañas de prevención

El proyecto del Gobierno propone entre sus objetivos centrales la erradicación de la explotación de juegos de azar en línea no autorizados, prohibir el acceso de menores y consolidar la prevención del juego patológico como política de salud pública en todo el territorio nacional.

Para ello, la iniciativa busca endurecer el régimen penal y establece penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten apuestas sin autorización. También agrega sanciones de dos a cuatro años de cárcel para quienes faciliten estas operaciones a través de servicios financieros, tecnológicos o publicitarios.

En paralelo, el texto plantea una prohibición total para la promoción de plataformas ilegales en cualquier formato, incluyendo redes sociales, medios de comunicación y vía pública. Además, responsabiliza a agencias, productoras, influencers y medios que participen en su difusión.

En cuanto a las plataformas autorizadas, la ley fija límites como evitar que las campañas estén dirigidas a menores o vincular el juego con éxito social, soluciones económicas o al consumo de alcohol o tabaco.

La medida también busca asignar responsabilidades de control a distintos organismos del Estado, entre ellos el Enacom y el Banco Central, y dispone que las entidades financieras y los proveedores de pago no podrán operar con plataformas que no cuenten con mecanismos eficaces para verificar la edad de los usuarios.

Etiquetado frontal: los argumentos del Gobierno para derogar la norma

La norma enviada por el Gobierno al Congreso plantea la derogación completa de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable 27.642, popularmente llamada Ley de etiquetado frontal. La norma, sancionada en 2021 con amplio apoyo del Congreso, impone los ahora conocidos octógonos negros para advertir sobre el contenido nutricional y regula la publicidad para productos dirigidos a menores.

El texto del Gobierno fundamenta la derogación en que alimentos “tradicionalmente incorporados dentro de patrones aceptados” resultan alcanzados por las mismas advertencias que rigen para otros productos de peor composición nutricional. Para el Gobierno, esto “dificulta una adecuada diferenciación entre alimentos con perfiles sustancialmente diversos y reduciendo la capacidad informativa y contextual del sistema”.

Según el texto oficialista, esto “reduce los incentivos para introducir modificaciones graduales que permitan diferenciar productos con perfiles nutricionales relativamente mejores dentro de una misma categoría”. Además, el Ejecutivo apuntó contra las restricciones publicitarias, tras considerar que “implican limitaciones relevantes sobre actividades económicas lícitas y estrategias comerciales de la industria alimentaria”.