El Gobierno envió un paquete de reformas que cambiará para siempre el derecho a la propiedad: los detalles que generan polémica

El Congreso recibió un paquete de reformas sobre propiedad privada que promete transformar las reglas de juego en expropiaciones, tierras rurales, desalojos y manejo del fuego. El texto, firmado por el presidente Javier Milei pasada la medianoche, busca limitar drásticamente la injerencia del Estado sobre los bienes particulares. La iniciativa ya despierta fuertes debates y cuestionamientos desde diversos sectores políticos y ambientales.

Uno de los pilares fundamentales de este proyecto es la reforma de la Ley de Expropiaciones. El Ejecutivo nacional apunta a redefinir y restringir el concepto de “utilidad pública”, buscando que su aplicación quede circunscripta a casos excepcionales. Además, refuerza el principio de indemnización previa, una medida que, según el Gobierno, busca recortar la discrecionalidad estatal y proteger al propietario.

¿Qué cambia para los campos y los extranjeros?

Otro capítulo de alto impacto modifica la Ley de Tierras Rurales. La Casa Rosada impulsa eliminar las restricciones actuales que limitan la compra de campos por parte de personas o empresas extranjeras. El argumento oficial es que esta flexibilización atraerá inversiones frescas en sectores clave como el agro, la minería y la energía. Este cambio ya había sido intentado previamente a través del DNU 70/2023 y ahora el oficialismo busca convertirlo en ley a través del Parlamento.

El paquete legislativo también incorpora ajustes en la Ley de Manejo del Fuego. Desde Balcarce 50 sostienen que mantendrán las protecciones sobre los bosques nativos, pero su intención es revertir las ampliaciones de restricciones sobre campos agrícolas y bosques implantados. El objetivo es flexibilizar las limitaciones al uso del suelo en zonas que hayan sufrido incendios, un punto que ya generó advertencias y críticas de organizaciones ambientalistas y bloques opositores.

La polémica nueva ley de desalojos

Uno de los segmentos más contundentes del paquete es la nueva ley de desalojos. El Gobierno propone crear una vía sumarísima que permita restituir un inmueble ocupado en un plazo menor a cinco días. La justificación oficial es que las tomas de propiedades incrementan el costo de los alquileres y profundizan la inseguridad jurídica en el país. Esta medida se enmarca en la estrategia de reforzar el discurso sobre la defensa irrestricta de la propiedad privada.

Desde el Ejecutivo aseguran que buscarán tratar este conjunto de reformas después de los debates pendientes sobre la ley de Glaciares, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PTC) y la Emergencia en Discapacidad. Esta definición obedece a un intento del oficialismo por ordenar las prioridades en la agenda parlamentaria y evitar que la discusión sobre propiedad privada se mezcle con otros expedientes considerados sensibles.

El envío de este paquete se produjo en paralelo a otros movimientos legislativos. Este mismo jueves, la Casa Rosada remitió al Congreso la denominada “Ley Hojarasca”, un proyecto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que busca derogar más de 70 normas que el Gobierno considera obsoletas o sin vigencia práctica.

Sin embargo, no todas las iniciativas avanzan al mismo ritmo. En Balcarce 50 admiten que la reforma del Código Penal aún no está finalizada y no hay una estrategia clara para impulsarla en el Congreso. Situación similar ocurre con el envío de los 62 pliegos judiciales anunciados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques: hasta el momento, sólo llegaron poco más de 30 a la Secretaría de Legal y Técnica y se dilata la firma del Presidente.