El Gobierno escucha las críticas de la UIA y responde sin mover una coma de su plan

Parecía que el reclamo industrial los iba a hacer cambiar de rumbo, pero en Balcarce 50 contestaron algo que nadie esperaba.

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El Gobierno escucha las críticas de la UIA y responde sin mover una coma de su plan
El Gobierno escucha las críticas de la UIA y responde sin mover una coma de su plan

El Gobierno relativiza las críticas de la Unión Industrial Argentina (UIA) y descarta modificar el rumbo económico para atender los reclamos del sector manufacturero. En la Casa Rosada consideran “lógico” que una parte del empresariado industrial cuestione el modelo de apertura porque entienden que la transición modifica los sectores que lideran la producción.

“Claramente no son los beneficiarios del modelo, pero no lo vamos a modificar”, expresan en Nación. La lectura oficial es que la industria manufacturera tradicional enfrenta una competencia mayor y perdió parte de las condiciones de protección que tuvo durante las últimas décadas, mientras la administración de Javier Milei apuesta a que ganen peso actividades con capacidad exportadora.

En otros sectores de Balcarce 50 directamente evitan entrar en una nueva confrontación pública con la conducción fabril e ironizan sobre los cuestionamientos. “No vimos las críticas”, responden. Por el momento, no está previsto un pronunciamiento específico de Milei ni una modificación de las políticas económicas a partir del reclamo empresario.

El presidente de la UIA, Martín Rappallini, sostuvo este miércoles que la economía no puede medirse únicamente por la inflación, reclamó observar el nivel de actividad y pidió construir un “puente” entre el esquema productivo anterior y el que propone el Gobierno. También afirmó que la producción industrial está 10% por debajo de 2022 y que desde agosto de 2023 el sector perdió unos 90.000 asalariados registrados.

Rappallini agregó un cuestionamiento a las formas utilizadas por funcionarios nacionales y pidió “dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen”. Antes del acto, el vicepresidente de la entidad Guillermo Moretti había elevado el tono y acusado al Gobierno de aplicar una política de “desindustrialización”. El único representante nacional de peso operativo en el encuentro fue el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

Los últimos datos oficiales muestran, en rigor, una situación industrial heterogénea. En junio, el índice de producción manufacturera del INDEC aumentó 2% frente al mismo mes de 2025 y 0,9% respecto de mayo en términos desestacionalizados. Sin embargo, el acumulado del primer semestre quedó 2,2% por debajo del mismo período del año pasado. La utilización de la capacidad instalada fue de 59,1%, apenas por encima del 58,9% registrado un año antes.

El empleo constituye otro de los puntos de disputa. El último informe del SIPA contabilizó 12,751 millones de trabajadores registrados en mayo, 0,9% menos que un año antes, y 6,11 millones de asalariados privados, con una baja mensual desestacionalizada de 0,1%. La industria manufacturera aparece entre los sectores que más empleo formal perdieron desde 2023, un dato que el Gobierno no desconoce.

La respuesta oficial apunta a ampliar el análisis más allá del empleo asalariado formal. Federico Sturzenegger sostuvo el último fin de semana que durante la gestión se incorporaron alrededor de 500.000 ocupados al mercado laboral y argumentó que una parte del cambio responde al crecimiento de modalidades independientes y monotributistas. El ministro reconoció al mismo tiempo la caída del empleo asalariado registrado y señaló que los puestos no asalariados aumentaron en 491.000 en los últimos tres años.

El dato oficial más reciente de la Encuesta Permanente de Hogares ubicó la tasa de empleo en 44,8% y la desocupación en 7,8% durante el primer trimestre de 2026. En la Casa Rosada utilizan esos indicadores para rechazar la idea de una destrucción generalizada del empleo y sostienen que el problema está concentrado en determinados segmentos y modalidades de contratación.

El argumento que más repiten en el Ejecutivo es que la economía está modificando su matriz productiva y que los sectores con mayor dinamismo ya no coinciden necesariamente con los que encabezaban el crecimiento en otros períodos. Sturzenegger planteó públicamente que energía y minería crecerán por encima del promedio y sostuvo que ese proceso debería extenderse posteriormente hacia industrias asociadas a esos recursos.

Los números de esos sectores muestran por ahora una diferencia importante con la manufactura. La producción minera aumentó 11,4% interanual en junio y acumuló una expansión de 8,4% durante el primer semestre. Dentro de ese índice, la extracción de petróleo y gas y sus servicios asociados creció 8,9% frente al mismo mes de 2025 y 6,3% en los primeros seis meses.

Vaca Muerta profundizó esa tendencia durante julio. La formación alcanzó una producción de 643.100 barriles diarios de petróleo, 26,4% más que un año atrás, mientras la extracción de gas llegó a 96,5 millones de metros cúbicos diarios, con una mejora interanual de 5,9%. La producción petrolera total del país marcó además un récord de 916.200 barriles diarios.

En Economía sostienen que ese desplazamiento hacia energía, minería, agroindustria y actividades exportadoras no equivale a abandonar la industria, sino a modificar las condiciones bajo las cuales compite. Caputo afirmó en junio que el modelo previo había perjudicado al sector mediante déficit, inflación, impuestos, regulaciones y falta de crédito, y sostuvo que el crecimiento energético y minero puede generar actividad para otras ramas productivas.

El ministro ya había protagonizado un fuerte contrapunto con la UIA a comienzos de agosto. Después de cuestionar a quienes defendían las políticas industriales de los gobiernos anteriores, aclaró que sus críticas no estaban dirigidas contra los empresarios fabriles sino contra ese modelo económico. Días después aseguró que la producción industrial se encontraba aproximadamente un punto por encima del nivel que tenía al comienzo de la gestión. “No quiere decir que estamos bien, quiere decir que vamos bien”, afirmó.

La Casa Rosada reconoce igualmente parte de los problemas de competitividad que enumera la UIA, como la presión tributaria, el costo logístico, el financiamiento y la infraestructura. La diferencia aparece en la herramienta para resolverlos: el Gobierno rechaza volver a esquemas de protección sectorial y descarta modificar el programa económico.

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