El Gobierno frenó la reforma del practicaje: qué pasó y qué viene ahora
El Gobierno suspendió la reforma del practicaje y abrió una mesa de negociación con el sector. ¿Qué se acordó y cómo seguirá el servicio? Los detalles.
El Ejecutivo dio marcha atrás con la polémica reforma del practicaje y abrió un espacio de diálogo con el sector. La medida, oficializada este jueves en el Boletín Oficial, busca destrabar un conflicto que puso en jaque el servicio.
El presidente Javier Milei firmó el Decreto 716/2026, que suspende los efectos del Decreto 690/2026, publicado el 30 de julio. Así, se restablece "la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas" por esa disposición.
¿Qué es el practicaje y por qué importa?
Se trata de un servicio público regulado por la Ley de Navegación 20.094. Consiste en la asistencia técnica que reciben los buques para ingresar, desplazarse o salir de zonas portuarias, ríos, canales y pasos navegables bajo jurisdicción nacional.
La reforma impulsada a fines de julio buscaba actualizar una normativa considerada "obsoleta" y reducir barreras para la incorporación de nuevos prestadores. Sin embargo, generó un fuerte rechazo del sector, que inició medidas de fuerza y provocó "una situación excepcional" que puso en riesgo el normal funcionamiento del sistema.
¿Qué acordaron el Gobierno y el sector?
Ante el conflicto, funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional se reunieron con representantes del practicaje y pilotaje. En ese encuentro se pactaron varias medidas para destrabar la situación.
Entre los acuerdos, se estableció la reactivación regular del servicio, la suspensión del Decreto 690/2026, la creación de una mesa intersectorial para elaborar una nueva reglamentación y una reducción del 20% en las tarifas vigentes.
¿Cómo funcionará la mesa de trabajo?
El decreto firmado por Milei crea una Mesa de Trabajo en el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional. Estará integrada por funcionarios de esa cartera, de la Prefectura Naval Argentina y de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), junto con representantes del sector privado vinculado al practicaje y pilotaje.
El objetivo oficial es "lograr los consensos necesarios" para avanzar en una nueva regulación. Además, se instruyó a los organismos a tomar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio mientras se discute la nueva normativa.
El Gobierno justificó la suspensión al señalar que busca "mitigar la situación de crisis del sistema" y generar un espacio de diálogo que permita revisar la normativa vigente y avanzar en mejoras regulatorias. La medida entró en vigencia el mismo día de su dictado.