El Gobierno ignoró un fallo, aplicaron multas y ahora un grupo de jueces salió a responder

La Copaju, entidad que nuclea a magistrados de todo el país, salió al cruce de la "campaña de descalificación y presión" contra el juez federal Martín Cormick, el funcionario que hizo cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y le puso multas al Gobierno de Javier Milei.

El detonante fue el fallo del 14 de octubre: Cormick aplicó sanciones diarias al jefe de Gabinete por no acatar la cautelar que ordena poner en marcha la Ley 27.795. La respuesta de la Casa Rosada no tardó y, según la entidad, en vez de discutir argumentos jurídicos apuntó directo contra la persona del magistrado, recordando su "pasado y amigos en La Cámpora".

"No se tolera este nuevo intento de disciplinar a los magistrados que cumplen con la ley", disparó la Copaju en un comunicado firmado por el juez retirado César Raúl Jiménez.

Qué dice el comunicado de los jueces

El texto no se queda en la defensa de Cormick: redobla la apuesta y apunta contra el Ejecutivo. "Quien viola la ley es el Poder Ejecutivo, que ignora una ley vigente y todo el iter judicial que la respalda", sostiene.

Además, justificó el uso de las astreintes, las multas que se le aplican al Gobierno: "No son una agresión política: son la herramienta que el ordenamiento prevé para que las sentencias no sean letra muerta".

Y dejó una advertencia sobre el contexto: "Apelar es un derecho; estigmatizar al juez por sus supuestas afinidades es un mecanismo de intimidación incompatible con el Estado de Derecho".

El comunicado también exige al Poder Ejecutivo Nacional "el cumplimiento inmediato de la Ley 27.795 y de las resoluciones judiciales firmes", y convoca a la comunidad jurídica, a los colegios profesionales y a las asociaciones de magistrados a "defender la independencia judicial frente a toda forma de presión".

Qué pasó con las multas

La pulseada judicial suma capítulos. Esta mañana, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió provisoriamente las multas diarias que Cormick había fijado 24 horas antes contra el Gobierno Nacional.

El tribunal hizo lugar a la queja del Ministerio de Capital Humano y ordenó al juzgado de primera instancia que tramite el recurso del Estado con efecto suspensivo. La apelación cuestiona la decisión de Cormick, que había intimado al Gobierno a cumplir con la cautelar y establecido una sanción de $100.000 por cada día de incumplimiento.

La medida se conoció en plena quinta Marcha Federal frente al Congreso, con la universidad pública como telón de fondo del conflicto.