El Gobierno le ofrece a las universidades un alivio fiscal clave, pero pone una condición

La Casa Rosada busca destrabar la discusión por la Ley de Financiamiento Universitario y puso sobre la mesa una herramienta que las casas de estudio conocen bien: mantener reducidas las contribuciones patronales que hoy pagan como empleadoras. La propuesta forma parte de un paquete más amplio que incluye una mejora en las partidas del Presupuesto 2027, según confirmaron desde el Ejecutivo.

Las conversaciones, por ahora, son informales. No hay acuerdo cerrado con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y todavía no se definió qué alícuota propondrá el Gobierno. Lo que sí está claro es que la cuestión de los aportes obligatorios a la seguridad social —que las universidades ingresan por cada docente, no docente y autoridad— es uno de los puntos que el oficialismo está dispuesto a negociar.

De dónde viene el beneficio que se discute

El régimen que hoy se pone en discusión nació en 2010, cuando el Decreto 1571/2010 fijó una alícuota reducida del 10,17% sobre la nómina salarial para determinadas universidades nacionales que arrastraban deudas previsionales. De ese total, 8,67% se destina al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y 1,5% al PAMI.

El beneficio alcanza específicamente a las instituciones que al 31 de diciembre de 2009 registraban las deudas previstas por la norma y que ingresaron en los planes de regularización. La tasa reducida se mantiene mientras la deuda siga pendiente de cancelación.

Ese esquema fue modificado en 2023 por el Decreto 645/2023, que cambió el artículo que regulaba la salida del beneficio. Desde entonces, las universidades que terminan de pagar no pasan directamente a la alícuota general, sino que ingresan en una escala progresiva de convergencia.

La escala que preocupa a la UBA

Para las instituciones que cancelen la deuda, la alícuota de SIPA y PAMI es del 13,65% en 2026 y sube al 14,52% en 2027. Luego escala al 15,39% en 2028, al 16,26% en 2029 y al 17,13% en 2030. Recién desde el 1 de enero de 2031 deberán aplicar las alícuotas generales del sector público.

Ese punto es central para la negociación. En la UBA aseguran que el salto que enfrentan no es directamente hacia una carga del 24%, sino hacia la escala progresiva del Decreto 645/2023. La universidad está entre las instituciones cuyo plan de regularización está próximo a finalizar y busca evitar un incremento significativo de sus obligaciones sobre la masa salarial.

Desde la UBA remarcan que no hay nada resuelto y que las conversaciones son informales. También advierten que el aumento de las contribuciones impacta de lleno en sus cuentas: cerca del 90% de sus recursos se destina a salarios y apenas un 10% a gastos de funcionamiento.

Un régimen que no alcanza a todas por igual

La discusión no comprende automáticamente a todas las universidades nacionales bajo las mismas condiciones. El régimen del Decreto 1571 alcanza a las instituciones que reunían los requisitos vinculados con aquellas deudas previsionales. Algunas ya terminaron sus planes y comenzaron a transitar la escala de convergencia, mientras otras todavía conservan la alícuota reducida.

El Gobierno analiza usar esa situación para construir un acuerdo más amplio. En Nación aseguran que están dispuestos a negociar por la vía de ARCA una continuidad o modificación del tratamiento reducido, pero todavía no definieron el porcentaje ni el instrumento normativo con el que avanzarían.

Presupuesto, contribuciones y la ley: los tres frentes

La Casa Rosada quiere incorporar este capítulo a la negociación por el Presupuesto 2027. El Ejecutivo admite que está dispuesto a incrementar los recursos universitarios respecto del proyecto enviado al Congreso, pero descarta llevarlos hasta los aproximadamente $11 billones reclamados por el CIN.

La estrategia oficial es que el alivio sobre las contribuciones permita achicar parte de la diferencia sin cubrirla exclusivamente con mayores transferencias presupuestarias. En el Gobierno sostienen que un acuerdo debe contemplar en conjunto los fondos para las universidades y el tratamiento de sus obligaciones ante ARCA.

El segundo objetivo es modificar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El Ejecutivo ya había intentado avanzar con cambios durante las sesiones extraordinarias de febrero, pero el proyecto no prosperó. Ahora busca retomar esa discusión dentro de la negociación del Presupuesto y reemplazar el esquema vigente por uno acordado con sectores universitarios y bloques aliados.

La presión judicial que apura el acuerdo

Al frente judicial se sumó un nuevo capítulo esta semana. El juez Martín Cormick dispuso multas de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de la cautelar que obliga al Estado a actualizar los salarios docentes y no docentes y los fondos destinados a becas. La medida provisoria sigue vigente mientras se tramita por separado la apelación oficial contra el fallo sobre la aplicación de la ley.

El plan de la Casa Rosada es cerrar simultáneamente los tres frentes: Presupuesto, contribuciones patronales y disputa judicial. Para eso busca acordar mayores partidas para 2027 y un tratamiento favorable de las obligaciones previsionales a cambio de modificar la Ley de Financiamiento Universitario. La alícuota que ofrecerá, el alcance entre las universidades y el mecanismo normativo todavía forman parte de la negociación.