El gobierno logró la media sanción de la ley de propiedad privada, pero tuvo que ceder en dos capítulos clave

El Senado aprobó en la madrugada de este viernes la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero el costo político fue alto: el oficialismo tuvo que retirar en menos de 48 horas dos capítulos centrales de su proyecto original, entre ellos el que reformaba la ley de manejo del fuego. La media sanción se logró con 37 votos a favor y 33 en contra, tras más de diez horas de debate.

El gobierno de La Libertad Avanza, lejos de tener mayoría propia, dependió de sus aliados habituales para conseguir los votos necesarios. Sin embargo, la resistencia de radicales, provinciales y organizaciones sociales obligó a ceder en dos frentes: la flexibilización de la compra de tierras por extranjeros y la modificación de las restricciones para usar zonas incendiadas, como las islas del Paraná.

¿Qué se cayó del proyecto?

El capítulo sobre Manejo del Fuego llegó vivo al recinto, pero murió antes de la votación. La ley actual impide durante 30 o 60 años, según el tipo de terreno, realizar cambios sobre superficies incendiadas. El Ejecutivo buscaba flexibilizar esas prohibiciones para permitir un uso productivo o comercial inmediato, pero no encontró los votos.

Uno de los primeros en marcar la diferencia fue el radical bonaerense Maximiliano Abad, que apoyó las reformas sobre expropiaciones y desalojos, pero advirtió que el cambio en materia de incendios podía vulnerar el principio constitucional de protección ambiental. Cuando se hizo evidente que no había mayoría, el miembro informante del oficialismo, Agustín Coto, pidió retirar íntegramente el capítulo, lo que fue recibido con aplausos desde las bancas opositoras.

Dos días antes, el miércoles, Patricia Bullrich había comunicado que el oficialismo desistía de modificar la ley de tierras rurales. La propuesta inicial eliminaba los límites para que extranjeros compren campos, y ante las dificultades, se intentó elevar del 15% al 25% el límite nacional de tierras rurales en manos extranjeras. Pero la resistencia de gobernadores, senadores dialoguistas y organizaciones sociales terminó por tumbar ese capítulo.

Una aprobación ajustada

Ya sin los dos capítulos más conflictivos, La Libertad Avanza logró conservar la alianza parlamentaria necesaria para alcanzar los 37 votos, exactamente el número que necesitaba. El peronismo intentó devolver el proyecto a comisión, pero esa moción fue rechazada por 38 contra 31.

El oficialismo contó con sus propios senadores y el acompañamiento de radicales, representantes del PRO y legisladores de bloques provinciales. El peronismo votó en contra, acompañado por otros sectores opositores. Los tres representantes santafesinos quedaron divididos: Carolina Losada y Eduardo Galaretto (UCR) votaron a favor, mientras que Marcelo Lewandowski (Justicialista) lo hizo en contra.

¿Qué quedó de la ley?

El texto aprobado mantiene cambios importantes en materia de desalojos y expropiaciones. En el primer caso, establece que los procesos urbanos y rurales tramiten mediante juicio sumarísimo, permite pedir la restitución anticipada de un inmueble ocupado por intrusos o tenedores precarios y acelera los procedimientos en casos de falta de pago de alquileres. Se incorporó una salvaguarda para menores de edad o personas con discapacidad: el juez deberá dar intervención a los organismos de protección y podrá otorgar hasta diez días para garantizar una alternativa habitacional.

En cuanto a las expropiaciones, la iniciativa dispone que la declaración de utilidad pública sea interpretada de manera restrictiva, y que el Estado deba justificar de forma concreta que la expropiación es idónea, necesaria y proporcional. También introduce nuevas pautas para calcular las indemnizaciones, tomando como referencia el valor de mercado, los daños directos y, bajo determinadas condiciones, el lucro cesante.

Además, se incorporó una disposición para facilitar la regularización dominial de inmuebles rurales ocupados durante al menos diez años por agricultores familiares.