El Gobierno metió a cinco organizaciones en la lista negra: qué encontraron en Salta que encendió las alarmas

El Poder Ejecutivo inscribió a dos cárteles mexicanos, una banda ecuatoriana y dos guerrillas colombianas en el registro de terrorismo. La medida, firmada por los ministros de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, busca frenar el avance de estas estructuras sobre el territorio argentino.

La decisión quedó plasmada en la resolución conjunta 5/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. Lleva las firmas de Alejandra Monteoliva, titular de Seguridad Nacional, y de Pablo Quirno, a cargo de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. La norma tiene efecto inmediato.

El texto incorpora al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a cinco agrupaciones narcocriminales y narcoguerrilleras de México, Colombia y Ecuador. La lista la encabezan el cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, Los Tiguerones, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las estructuras armadas que responden a distintas denominaciones de las FARC-EP.

Quiénes son los nuevos apuntados

La resolución encomendó al Ministerio de Justicia completar el trámite administrativo de inscripción. En el caso del cártel de Sinaloa, se trata de la organización fundada por Joaquín "Chapo" Guzmán e Ismael "el Mayo" Zambada. La Nueva Familia Michoacana, en tanto, es la banda de los hermanos Olascoaga.

Los Tiguerones son la narcogavilla ecuatoriana que lidera William Jofre Alcívar Bautista. La medida también alcanza a sus facciones conocidas como Los Fénix y Los Igualitos.

Respecto de las FARC-EP, la resolución comprende al Grupo Armado Organizado Residual FARC-EP (GAO-R FARC-EP) y al Estado Mayor Central (EMC), junto con sus otras denominaciones, bloques y frentes, entre ellos el Frente 18. Estas estructuras están enfrentadas entre sí y con el Estado colombiano. El ELN completa la nómina.

El fundamento: una amenaza que cruza fronteras

Los argumentos de la medida se apoyan en informes reservados de las áreas competentes de Seguridad y de la Cancillería. Esos documentos concluyeron que estas organizaciones constituyen "una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional" y representan un riesgo para la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de la Argentina.

Los informes no detallan hechos concretos atribuidos a cada grupo en el país. Sin embargo, el expediente menciona ejemplos. Uno de ellos es el caso de la avioneta que en noviembre del año pasado se estrelló en Rosario de la Frontera, Salta, con 364 kilos de cocaína que llevaban la marca representativa del cartel del Chapo Guzmán.

Para ese momento había evidencias de que tanto el de Sinaloa como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se habían instalado en Bolivia para producir cocaína y traficarla a través de puertos argentinos.

El Gobierno sostuvo que la naturaleza transnacional de las organizaciones, su capacidad operativa, su expansión regional y la diversificación de sus actividades ilícitas configuran un riesgo que excede la criminalidad doméstica. También señaló la existencia de estructuras y redes susceptibles de proyectar sus actividades hacia el territorio argentino.

Qué cambia en la práctica

La inscripción en el RePET no se limita a una declaración política. Los sujetos obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera (UIF), entre ellos bancos y otras entidades alcanzadas por la legislación antilavado, deben verificar las listas y reportar sin demora las operaciones realizadas o intentadas que puedan estar vinculadas con la financiación del terrorismo.

Como antecedente del funcionamiento del mecanismo, cuando Hamás fue incorporado al registro en julio de 2024, la UIF explicó oficialmente que los sujetos obligados debían emitir un reporte ante cualquier operación o tentativa relacionada directa o indirectamente con bienes de la organización o de personas vinculadas con ella. Frente a uno de esos reportes, el organismo puede disponer administrativamente el congelamiento de bienes, con comunicación inmediata a la Cancillería y a la Justicia para su control.

La resolución plantea como objetivo reforzar las capacidades de prevención y detección temprana del Estado ante una eventual instalación, actuación, financiación o articulación de esas organizaciones en el país. La inscripción en el RePET, agrega el documento, facilita el intercambio de información entre las autoridades argentinas y sus contrapartes extranjeras, así como el desarrollo de investigaciones relacionadas con el financiamiento de actividades terroristas o con amenazas contra la seguridad nacional.

El respaldo de Estados Unidos

En un comunicado que lleva la firma del presidente Javier Milei se incluyó una descripción de las organizaciones y el fundamento principal para calificarlas como "terroristas". Define al cártel de Sinaloa como una "organización transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas", que ya ha sido declarada como "grupo terrorista" por varios países, especialmente los Estados Unidos.

Ese dato no es menor. A principios de octubre, el gobierno norteamericano abrió en la Argentina una "unidad regional" de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), con un fondo aprobado de más de US$13 millones destinado a fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Del total de los fondos asignados, US$7,5 millones estarán destinados específicamente a proyectos de cooperación en la Argentina, mientras que otros US$5,85 millones financiarán iniciativas para el conjunto de la región en las cuales también tendrá participación nuestro país.

https://t.co/orujAptAWI

— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 22, 2026

Esta medida fortalece la capacidad de la Argentina para prevenir, investigar y combatir el crimen organizado transnacional y las amenazas que trascienden nuestras fronteras. La seguridad de los argentinos es nuestra prioridad.

— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) October 22, 2026