El Gobierno nacional inspeccionó escuelas fueguinas: qué encontraron y por qué no hay datos oficiales

Mientras las aulas fueguinas eran el centro de atención, el Gobierno nacional desplegó un operativo de fiscalización en colegios de la provincia. La promesa era verificar el cumplimiento de una ley clave, pero el hermetismo sobre los resultados generó más preguntas que respuestas.

Gastón Porfirio, delegado del Ministerio de Capital Humano en Tierra del Fuego, confirmó que se realizaron inspecciones en establecimientos de nivel inicial, primario y secundario, tanto de gestión estatal como privada, durante toda la jornada.

¿Qué se buscaba con los operativos?

Según explicó Porfirio en el programa “La Mañana de la Tecno” de Radio Universidad 93.5 MHz, el objetivo era constatar el cumplimiento de la Ley N.º 27.802, que declara a la educación como servicio esencial y exige una cobertura mínima del 75% de los docentes en actividad.

“Se está trabajando desde el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo en la fiscalización de los establecimientos educativos de nuestra provincia. La ley establece que la educación preescolar, primaria y secundaria constituye un servicio esencial y nuestra tarea es constatar el cumplimiento de esa normativa”, indicó el funcionario.

¿Cómo fue el procedimiento?

Los inspectores, coordinados por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se presentaron en las escuelas seleccionadas por el Ministerio de Capital Humano. Allí informaron a las autoridades sobre el objetivo del operativo y relevaron la situación para elaborar informes.

“Nos presentamos ante las autoridades de cada escuela, informamos cuál es el objetivo del operativo y constatamos la situación para luego elevar los informes correspondientes al Ministerio”, detalló Porfirio.

El delegado aclaró que la tarea fue estrictamente de verificación, sin intervenir en conflictos salariales o gremiales. “Nuestra función en el día de hoy es puntual, no intervenimos en disputas ni en cuestiones vinculadas al derecho de huelga. Nuestra función es únicamente constatar si se está prestando el servicio educativo y remitir esa información a las autoridades nacionales”, sostuvo.

¿Y los resultados?

Pese al despliegue, no se brindaron datos estadísticos concretos sobre la cantidad de escuelas visitadas ni los porcentajes de cumplimiento detectados. Tampoco se informó si los establecimientos fueron elegidos al azar o por alguna denuncia previa.

Porfirio solo adelantó que los informes serán elevados por la vía oficial para que las autoridades nacionales evalúen las acciones a seguir. “Las fiscalizaciones se realizaron durante toda la jornada en los establecimientos previstos por el Ministerio de Capital Humano. Una vez finalizado el operativo, los informes serán elevados por la vía oficial correspondiente para que las autoridades nacionales evalúen las acciones que consideren”, indicó.

El funcionario remarcó que la medida busca garantizar el derecho de los chicos a tener clases. “La responsabilidad del sistema educativo continúa siendo de cada jurisdicción. Lo que hace el Estado nacional es actuar como garante del cumplimiento de la ley y del derecho fundamental de los chicos a tener clases”, concluyó.

Sin embargo, la falta de transparencia sobre los resultados y el alcance real del operativo dejaron dudas en la comunidad educativa, que espera conocer qué pasará con los informes y si habrá sanciones o nuevas medidas.