El gobierno nacional les dio un poder inédito a las provincias y esto es lo que podrán hacer con las rutas

El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema que delega en las provincias la potestad de otorgar concesiones de obra pública por peaje para intervenir en tramos de rutas nacionales. A través del Decreto 253/2026, el Poder Ejecutivo habilita a nueve jurisdicciones, entre ellas Santa Fe, a administrar, reparar, ampliar, conservar y mantener corredores viales nacionales mediante concesiones a empresas privadas, mixtas o entes públicos provinciales.

La medida permite que la provincia licite y adjudique contratos para obras y explotación de rutas, incluyendo el cobro de peajes como forma de financiamiento. El corredor en el que el gobierno de Maximiliano Pullaro pretende intervenir de inmediato es la ruta A012, fundamental para llevar adelante su plan integral de mejora del acceso a los puertos del Gran Rosario.

Para este plan, Santa Fe ya tiene aprobado un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF). El Ministerio de Obras Públicas provincial elaboró un plan de contingencia para mejorar el estado de la calzada de la A012 por unos 5 mil millones de pesos, y otro proyecto a largo plazo para instituir un ente público-privado con participación de las comunas.

Este ente cobraría una tasa única a los camiones que lleguen a las terminales portuarias y con esos recursos mantendría la ruta. El decreto aclara que no hay transferencia de la propiedad ni de la jurisdicción: las rutas seguirán siendo nacionales y bajo órbita del Estado central, que conservará funciones de control técnico a través de la Dirección Nacional de Vialidad.

¿Cómo se pondrá en marcha este nuevo sistema?

Para que la delegación se haga efectiva, la provincia deberá firmar convenios específicos con Vialidad Nacional. En esos acuerdos se definirán qué tramos de rutas serán incluidos, el plazo de la concesión (con un máximo de 30 años), el esquema de financiamiento y tarifas de peaje, y el plan de obras y cronograma de ejecución.

Además, Santa Fe deberá presentar proyectos técnicos y económicos que serán evaluados por Nación, que tendrá la última palabra sobre la viabilidad de cada iniciativa. Una vez aprobado el convenio, la provincia tendrá un año para llamar a licitación. Si no lo hace en ese plazo, perderá la delegación sobre ese tramo.

¿Qué pasa con el dinero de los peajes y las responsabilidades?

El decreto establece que los fondos obtenidos por peajes solo podrán utilizarse en el tramo concesionado, sin posibilidad de redirigirlos a otras obras. También fija que la provincia asumirá la responsabilidad legal por la ejecución de los contratos, incluyendo eventuales reclamos o daños, debiendo mantener indemne al Estado nacional.

Santa Fe es una de las nueve provincias incluidas en esta primera etapa, junto con Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Corrientes. Según el texto oficial, la iniciativa apunta a “fortalecer el federalismo” y mejorar la gestión de la infraestructura vial mediante una mayor participación de las jurisdicciones locales.

Varias provincias venían reclamando herramientas para intervenir sobre rutas nacionales en mal estado. De todos modos, la Nación se reserva la posibilidad de retomar el control de los tramos concesionados si existen razones de interés público, garantizando la continuidad del servicio.