El Gobierno Nacional pone la lupa sobre los sindicatos docentes: ¿qué pasará si no cumplen con el 75% de presencialidad?

El Gobierno Nacional anunció que controlará y sancionará a los sindicatos docentes que no garanticen un piso del 75% de presencialidad en las escuelas de todo el país. La medida, confirmada por la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, surge en el marco del paro nacional convocado por CTERA y ya genera polémica en el ámbito educativo.

La decisión se tomó después de una reunión del Consejo Federal de Educación, donde se definieron los lineamientos para asegurar la continuidad del ciclo lectivo. El incumplimiento de esta pauta podría derivar en sanciones concretas para los gremios, según advirtieron desde el Ejecutivo.

¿Cómo será el operativo de control?

Según lo informado, este lunes 3 de agosto la Secretaría de Trabajo, en el marco de sus atribuciones y amparada en el artículo 101 de la ley 27.802, realizará un muestreo aleatorio de escuelas en todo el territorio nacional. El objetivo será verificar que la oferta educativa alcance al menos el 75% de cobertura.

El relevamiento se hará con supervisión directa en los establecimientos educativos y permitirá registrar en detalle las situaciones que se presenten. Toda la información recolectada será comunicada a la población entre hoy y mañana, según precisaron las autoridades.

¿Qué pasa con los gremios que no cumplan?

Una vez que se tengan los datos, el Gobierno abrirá un diálogo con los sindicatos para analizar cada caso particular. “Vamos a determinar situaciones y sanciones posibles según surja de la información recolectada”, señalaron desde la cartera que conduce Petovello.

La medida apunta directamente al paro nacional anunciado por CTERA, que podría afectar el normal dictado de clases en varias provincias. Desde el Gobierno consideran que la presencialidad es clave para garantizar el derecho a la educación y evitar mayores pérdidas en el calendario escolar.

La iniciativa ya despertó reacciones encontradas entre los gremios docentes, que la consideran una presión excesiva en medio del conflicto salarial. Por ahora, no hay precisiones sobre el tipo de sanción que se aplicará, pero todo indica que el Ejecutivo buscará hacer valer su autoridad para asegurar que las aulas estén abiertas.