El Gobierno pampeano respondió a Diputados por el caso del bebé de Rancul y puso un límite inesperado

El Poder Ejecutivo de La Pampa envió a la Cámara de Diputados el informe con las respuestas vinculadas al caso de adopción del bebé de Rancul, un expediente que puso en tensión a la Legislatura con el Gobierno provincial. La nota fue firmada por el gobernador Sergio Ziliotto y dirigida a la presidenta de la Cámara, Alicia Mayoral.

El documento incluye un anexo elaborado por tres ministerios: Desarrollo Social y DDHH, Seguridad y Justicia, y Salud. Allí se detallan las respuestas a las consultas legislativas, siempre con el argumento del "estricto apego al marco legal vigente" y bajo los principios de institucionalidad, interés superior del niño y deber de reserva para proteger la intimidad de la familia adoptante.

Un informe con condiciones

El Ejecutivo no solo respondió: también fijó posición sobre cómo deben formularse los pedidos de informes cuando hay menores involucrados. Según el texto, el control político de la Legislatura "debe desarrollarse dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico", sobre todo cuando se ponen en juego derechos de niños, niñas y adolescentes y datos de identidad, intimidad y vida familiar protegidos por normas de jerarquía constitucional.

En ese marco, el Gobierno provincial pidió que se precisen e individualicen las actuaciones administrativas y las piezas concretas que se quieran consultar, indicando la relación de cada punto. El argumento: evitar pedidos genéricos o indeterminados y garantizar que las facultades legislativas se mantengan dentro de sus competencias.

El límite al pedido de los diputados

El informe también solicita a la Cámara de Diputados que se abstenga de requerir declaraciones o documentación que impliquen revisar el mérito, acierto o conveniencia de decisiones judiciales, o interferir con órganos de competencia específica.

En particular, toda información de naturaleza judicial deberá ser requerida ante el Poder Judicial, el órgano competente para resolver sobre su acceso y alcance, dentro de los límites del artículo 5° de la resolución correspondiente.

Pese a las condiciones, el Ejecutivo ratificó su "disposición a brindar toda la información que legalmente corresponda" y que esté dentro de su ámbito de competencia, con el doble objetivo de cumplir las obligaciones institucionales y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes y sus familias.

La respuesta se formalizó mediante nota del gobernador Ziliotto a Mayoral, con la remisión anexa del informe de los ministros. El caso del bebé de Rancul sigue así su curso institucional, ahora con la pelota en la Cámara de Diputados.