El Gobierno prepara la respuesta judicial por el viaje de Adorni: qué documentos enviarán y por qué dicen estar “tranquilos”

La administración nacional comenzará a enviar a la Justicia una voluminosa documentación sobre el polémico viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este. En la Casa Rosada afirman estar “tranquilos” porque el ministro tiene “forma de justificar todo”, mientras el juez Ariel Lijo avanza en la investigación para determinar quién financió los vuelos.

La información será remitida en tandas a partir del lunes, luego de que el Ejecutivo se tomara “unos días” para reunir todo el material solicitado. El envío responde a los requerimientos específicos del juzgado federal a cargo de la causa.

¿Qué pruebas pedirá revisar la Justicia?

El paquete de documentos es extenso y abarca múltiples áreas. Incluye registros de las cámaras de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y los planes de vuelo solicitados formalmente a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

También se enviarán informes detallados sobre movimientos y facturación, presentaciones realizadas ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y oficios dirigidos a la Secretaría General de la Presidencia. El objetivo oficial es colaborar para que el juzgado pueda reconstruir el circuito completo del viaje.

Desde Balcarce 50 sostienen que la intención es remitir “todo lo que pidió la Justicia”. Mantienen una actitud cautelosa ante los avances del caso, pero insisten en la confianza sobre la posición de Adorni.

La situación legal de Adorni y los avances de la causa

Un dato llamativo es que el jefe de Gabinete no tiene designado un abogado defensor en forma oficial. Si bien desde el entorno del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aseguran que le acercaron algunos nombres, aún no hay una representación legal formalizada.

En el oficialismo prefieren esperar a que Lijo revise la documentación y eventuales peritajes antes de que se definan nuevas medidas dentro del expediente. No anticipan que el juez cite a declarar a Adorni en el corto plazo, argumentando que la causa está en una etapa preliminar de recolección de pruebas.

Pese a esa lectura, el expediente ya registra movimientos concretos. El juez Lijo no solo ordenó los requerimientos sobre el viaje, sino que también dispuso levantar el secreto fiscal de la productora Imhouse y del piloto Agustín Issin Hansen.

En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita impulsó nuevas medidas de prueba en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario. Estos pedidos abarcan declaraciones patrimoniales, viajes, bienes, vehículos y registros vinculados a su esposa y entorno familiar.

Las declaraciones que encendieron las alarmas

El caso tomó un giro significativo con los testimonios que complicaron las versiones públicas de Adorni. Una empleada de la firma que gestionó los vuelos declaró que el periodista Marcelo Grandio habló de una “invitación” a una familia amiga.

La testigo ratificó que fue Grandio quien pagó los tramos del viaje y aportó como prueba chats, audios y una carta documento en la que el periodista luego desconoció la factura. Un episodio que aumentó la tensión fue cuando Grandio llamó a la empleada mientras ella declaraba ante la Justicia, hecho que quedó asentado en el expediente.

Estos movimientos generaron un fuerte malestar dentro del Ejecutivo. En el Gobierno siguen con atención el comportamiento de Grandio y evitan realizar defensas cerradas sobre su rol en toda esta trama.

En la Casa Rosada existen distintas lecturas sobre el impacto final de la investigación. Por el momento, la estrategia oficial se centra en colaborar con los requerimientos judiciales y esperar la evaluación del juez Lijo sobre las pruebas que se presenten. “Nosotros queremos estar cerca formal e informalmente con Lijo, pero como con todos”, expresaron fuentes de Balcarce 50.