El Gobierno prepara un paquete de leyes que cambiará las reglas del campo: qué buscan con las tierras y los incendios
El oficialismo envió al Congreso proyectos que reforman leyes clave para el agro. Buscan flexibilizar normas sobre incendios y la compra de campos por extranjeros, en medio de un debate que promete chispas. ¿Están cambiando las reglas de juego para siempre?
El Gobierno nacional envió al Congreso un paquete de proyectos que apunta directamente al corazón del esquema productivo, con eje en el agro y los bosques. Las iniciativas buscan modificar normas clave sobre incendios y la propiedad de tierras rurales, en lo que definen como una agenda para fortalecer la propiedad privada y atraer inversiones. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que son parte de un primer bloque de leyes que el oficialismo impulsará en el corto plazo.
Durante una conferencia de prensa, Adorni anticipó que el objetivo es corregir lo que desde el Ejecutivo consideran “distorsiones” que afectan a productores y a diversos eslabones de la actividad económica. Las modificaciones propuestas tocan dos áreas sensibles: el manejo del fuego y las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros.

¿Qué cambiaría con la Ley de Manejo del Fuego?
Uno de los puntos más polémicos es la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, sancionada en 2020. Esta norma actual establece restricciones sobre el uso y la comercialización de tierras afectadas por incendios durante un período determinado, para evitar maniobras especulativas.
Sin embargo, el Gobierno argumenta que la regulación terminó ampliando su alcance más allá de los objetivos originales. Adorni señaló que la ley incluyó actividades productivas que, a su juicio, no deberían estar alcanzadas, como los campos agrícolas y los bosques implantados.
El planteo oficial busca retrotraer el esquema a una versión anterior. “Si un productor sufre un incendio, no puede disponer de su propiedad, lo que agrava aún más la pérdida económica”, sostuvo el jefe de Gabinete. La intención es equilibrar la protección ambiental con la continuidad de la actividad privada.
Este debate se enciende en un contexto de incendios recurrentes en varias regiones, especialmente en el sur argentino. Organizaciones ambientalistas estiman que miles de hectáreas fueron afectadas en los últimos meses, lo que pone sobre la mesa la discusión sobre prevención y el destino del suelo después de los siniestros.
La polémica por la propiedad de la tierra
En paralelo, el paquete incluye cambios en la Ley de Tierras Rurales, que actualmente limita la compra de campos por parte de extranjeros. La normativa vigente establece un tope del 15% del territorio nacional en manos foráneas, con restricciones adicionales por nacionalidad, superficie y ubicación en zonas consideradas estratégicas.
La intención del Ejecutivo es flexibilizar esos límites para facilitar el ingreso de capitales internacionales en sectores clave. Desde el Gobierno sostienen que actividades como la producción agropecuaria, la minería y la energía requieren inversiones de gran escala, lo que implica acceso a extensiones significativas de tierra.

El argumento central es que la Argentina atraviesa una oportunidad histórica para captar inversiones y que las restricciones actuales podrían desalentar proyectos de envergadura. Adorni y su equipo presentan estas modificaciones como parte de un esfuerzo por promover un clima de negocios más favorable.
No obstante, la propuesta ya genera reacciones encontradas dentro del propio sector agropecuario. Mientras algunos ven con buenos ojos la posibilidad de un mayor flujo de capital, otros expresan preocupación por la posible concentración de la tierra y cuestiones de soberanía territorial.
El debate legislativo que se avecina promete ser intenso y complejo. Involucrará no solo a los actores económicos directos, sino también a organizaciones ambientales, provincias y especialistas en derecho de propiedad. La discusión excede lo meramente económico para adentrarse en dimensiones ambientales, sociales y estratégicas de largo plazo para el país.
El Gobierno nacional apuesta con este paquete a desbloquear lo que considera trabas a la producción y a la inversión. El Congreso tendrá ahora la palabra para definir si modifica reglas que impactarán en el campo argentino por décadas.