El Gobierno prepara un paquete de reformas que podría cambiar para siempre el derecho a la propiedad en Argentina

El Ejecutivo nacional ultima los detalles de una serie de proyectos de ley sobre propiedad privada que apuntan a reducir drásticamente la intervención estatal y ofrecer mayores garantías a los inversores. La intención es que expropiar sea “realmente excepcional”, según admiten en la Casa Rosada, en una movida que ya genera expectativas y debate.

Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, confirmó que los proyectos serán enviados a la Cámara de Diputados, aunque aclaró que aún no existe un borrador definitivo. La iniciativa se enmarca en la lógica de desregulación que el Gobierno viene impulsando desde el inicio de su gestión.

¿Qué leyes buscan modificar?

El paquete de reformas abarcará cambios en varias normativas clave. Uno de los ejes centrales será endurecer las condiciones para las expropiaciones. El objetivo es restringir la definición de “utilidad pública” y reforzar el principio de indemnización previa, limitando así la discrecionalidad del Estado.

Otro punto fundamental es la modificación, o incluso la eliminación, de la ley de tierras rurales. Esta norma, que ya había sido objeto de la derogación propuesta en el DNU 70/2023, establece límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. El oficialismo busca ahora retomar ese camino por vía legislativa para atraer inversiones en sectores como el agro, la energía y la minería.

También está en la mira la ley de manejo del fuego. La normativa actual prohíbe, durante períodos de hasta 60 años en bosques y 30 en otras zonas, cualquier cambio en el uso del suelo, subdivisión o desarrollo inmobiliario luego de un incendio, incluso cuando no sea intencional.

El Gobierno evalúa flexibilizar este esquema con el argumento de reducir trabas productivas. Buscan darle más previsibilidad y garantías a quienes invierten, modificando reglas consideradas excesivamente rígidas.

El impacto en los barrios populares

El paquete legislativo incluye una revisión profunda del régimen de integración socio-urbana de barrios populares. La ley vigente declara de interés público la urbanización de los asentamientos registrados en el RENABAP.

Esta normativa habilita al Estado, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a impulsar expropiaciones de tierras para regularizar la tenencia. Además, establece la suspensión de desalojos y un esquema de financiamiento específico.

Desde la Casa Rosada, el enfoque que se plantea es diferente. Buscan restringir el rol expropiatorio del Estado, priorizando acuerdos voluntarios con los propietarios. También planean acotar los períodos de suspensión de desalojos y revisar mecanismos como la transferencia obligatoria de inmuebles a fideicomisos públicos.

La idea que manejan es ampliar la participación del sector privado en los procesos de urbanización y regularización dominial. En palabras de fuentes oficiales, el objetivo transversal de todo el paquete es claro: “reducir la capacidad expropiatoria” del Estado.

Con estos proyectos, el Gobierno da un paso más en su agenda de reformas estructurales. El debate en el Congreso promete ser intenso, ya que las leyes que se pretenden modificar tocan fibras sensibles relacionadas con el desarrollo, la inversión y los derechos sobre la tierra.