El Gobierno prepara una jugada clave para el fútbol argentino: el proyecto que podría cambiar todo
El Gobierno alista el envío al Congreso del proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas para 2026, en medio de una guerra abierta con la AFA. ¿Logrará imponer este modelo que transformaría los clubes en empresas? Los detalles de una pulseada que va más allá del fútbol.
En medio de una creciente tensión con la AFA, la Casa Rosada planea enviar al Congreso el polémico proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) durante las sesiones ordinarias de 2026. La iniciativa, que permitiría a los clubes transformarse en empresas con accionistas, forma parte de un paquete de reformas más amplio que busca modificar el régimen de asociaciones civiles y el Código Civil y Comercial. El objetivo declarado es atraer inversiones y transparentar la gestión, aunque el momento exacto del envío aún se debate internamente.
Fuentes oficiales reconocen que el texto está en la agenda legislativa del año, pero evitan precisar fechas. Existe un sector dentro del Gobierno que promueve girarlo al Congreso antes del Mundial 2026, con la intención de fijar una posición política, pero posponiendo su tratamiento para después del evento. “No queremos mezclar a la selección en esto”, deslizaron las fuentes, marcando una clara estrategia de timing.
¿Un viejo proyecto con nuevo impulso?
Esta no es la primera vez que el presidente Javier Milei intenta impulsar las SAD. En los primeros meses de su gestión, lo hizo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que luego fue suspendido por la Justicia. También hubo negociaciones fallidas con el entorno del titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, que no prosperaron más allá de algunos contactos iniciales.
El plan actual es más ambicioso y se enmarca en un contexto de confrontación abierta. El Gobierno ya está profundizando las tensiones con la entidad madre del fútbol argentino por la vía judicial y administrativa. Se impulsaron denuncias a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y, en el corto plazo, se designarán a los veedores que solicitó la Inspección General de Justicia (IGJ) para auditar los balances de la AFA.

El Gobierno mantiene la intención de profundizar las tensiones con la AFA a través de la vía judicial y administrativa.
La pulseada con la AFA y la opinión pública
El conflicto escaló recientemente con la citación a indagatoria de Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino, por la supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.353 millones. Esto llevó a la AFA a anunciar un paro, cuya repercusión en la opinión pública fue monitoreada de cerca por el Ejecutivo. “Detectamos mucho enojo de la gente”, argumentan desde el Gobierno, lo que los alienta a continuar con la polarización.
Otro punto de fricción fue la participación de la AFA en el operativo para liberar al gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela durante 448 días. Desde la Casa Rosada expresaron malestar: “Estábamos al tanto del avión y de lo que significaba porque tuvimos que autorizar su vuelo. Después no nos informaron más y ahí se produjo el vacío informativo”.
Las reformas que acompañarían a la ley de SAD también apuntan a generar cambios en otros frentes. Se espera que las modificaciones al régimen de asociaciones civiles generen tensiones con los sindicatos, ya que se buscará alterar el esquema de elección de sus autoridades. La reforma del Código Civil y Comercial, por su parte, apunta a ampliar la autonomía contractual entre privados y revisar aspectos del régimen de personas jurídicas.
El camino legislativo para las Sociedades Anónimas Deportivas se presenta complejo y cargado de conflictividad. Mientras el Gobierno define su estrategia para 2026, el mundo del fútbol y las instituciones asociativas se preparan para una batalla que promete redefinir las reglas de juego.