El Gobierno prepara una nueva reforma del Estado y define un cambio clave en Justicia

Con las sesiones ordinarias ya inauguradas, la administración de Javier Milei acelera su agenda legislativa para 2026. La pulseada interna por el control del Ministerio de Justicia podría definir el rumbo de las reformas más sensibles. Mientras se prepara un nuevo paquete para reducir el Estado, la disputa entre los equipos de Karina Milei y Santiago Caputo se centra en un nombre: Sebastián Amerio.

En los distintos sectores del Ejecutivo nacional hay una certeza: Guillermo Montenegro será el reemplazante de Mariano Cúneo Libarona al frente del Ministerio de Justicia. Sin embargo, la verdadera batalla se libra por la permanencia del actual viceministro, Sebastián Amerio.

Una de las opciones que la Casa Rosada ha puesto sobre la mesa en las últimas reuniones internas es que el secretario de Justicia sea propuesto como Procurador General de la Nación, en reemplazo de Eduardo Casal. Desde Balcarce 50 apuntan a que su pliego se trate en el Congreso junto con las vacancias judiciales a partir de marzo.

¿Una guerra entre facciones del Gobierno?

La principal diferencia entre los equipos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, radica en el destino inmediato de Amerio. Los partidarios de que el viceministro continúe en su cargo mientras se trata su pliego en el Legislativo se enfrentan a una postura firme del otro sector.

“El ministro tiene que poner a su segundo”, expresan los cercanos a la presidenta de La Libertad Avanza, dejando en claro que esperan que Montenegro designe a su propia persona de confianza.

Por otro lado, en el entorno del consultor Santiago Caputo se respaldan en que Amerio mantiene un diálogo directo con el Presidente. Argumentan que el funcionario está detrás de la reforma penal y judicial que impulsa el oficialismo, un paquete que incluye cambios profundos en el Consejo de la Magistratura.

En los espacios considerados neutrales dentro de la administración nacional, se espera que el jefe de Estado, Javier Milei, tome una definición que evite escalar esta tensión en una guerra abierta entre las facciones de su gobierno.

La otra cara: una reducción mayor del Estado

En paralelo a estas definiciones políticas, el Gobierno trabaja en una nueva y mayor reducción del Estado. El objetivo claro es allanar el camino para una futura reforma tributaria, asegurando que una eventual baja en la recaudación no genere déficit fiscal.

Este es un punto en el que el oficialismo ha manifestado que no está dispuesto a ceder. Por ello, no avanzará en el corto plazo con cambios amplios en la estructura impositiva sin antes garantizar recortes de gasto equivalentes.

“Queremos proponer reducciones de gasto con fechas y objetivos dentro de los proyectos”, expresan fuentes oficiales. La intención es avanzar primero con la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, una medida que quedó excluida de la reforma laboral sancionada durante las sesiones extraordinarias.

El Ejecutivo también avanza con una reconfiguración integral del empleo estatal. Este plan abarca a la planta permanente, la carrera administrativa y una reorganización de estructuras y procesos dentro de todo el sector público.

Lo mismo aplica para el inicio formal de los procesos de privatización de empresas públicas, los cuales se acelerarán notablemente a partir de marzo. “Para que los fondos aparezcan falta mucho, pero la idea es que ya corran su curso”, agregan desde el Gobierno.

La agenda legislativa prioritaria

La Casa Rosada le dará prioridad a un paquete de reformas legales clave. Entre ellas se encuentran las modificaciones a los códigos Aduanero, Penal y Civil y Comercial.

Junto a estos cambios, se impulsarán reformas políticas como la eliminación de las PASO y modificaciones en el financiamiento de los partidos. También está en carpeta una nueva Ley de Seguridad Nacional, que redefiniría las atribuciones de las áreas de Defensa, Seguridad e Inteligencia.

En Balcarce 50 confían en poder llevar adelante esta ambiciosa agenda. Su respaldo se basa en el esquema de aliados que lograron alinear durante el mes de febrero, un capital político que ahora buscan traducir en leyes.