El gobierno provincial frenó tres megaproyectos: ¿qué pasó con las obras que prometían cambiar la región?

El gobierno provincial tomó una decisión que impacta directamente en el futuro de la infraestructura local: frenó tres proyectos estratégicos por falta de financiamiento nacional, dejando en suspenso inversiones que superan los 500 millones de dólares. Esta medida afecta áreas clave como logística, energía y vivienda, generando incertidumbre sobre obras que llevaban años planificándose.

La resolución fue oficializada mediante decretos del Poder Ejecutivo, que instruyeron a la Dirección Judicial de la Fiscalía de Estado a desistir de las acciones judiciales iniciadas para las expropiaciones. Además, se dispuso avanzar en el recupero de los fondos depositados, una vez cubiertos los gastos derivados de los procesos judiciales.

¿Cuáles son los proyectos afectados?

Uno de los proyectos más relevantes que queda sin efecto es el Centro de Transferencia Multimodal de Cargas en Cevil Pozo, en el departamento Cruz Alta. Concebido como un “puerto seco” con rol estratégico para la logística regional, estaba ubicado cerca del aeropuerto Benjamín Matienzo. El proyecto, planteado inicialmente en 2014, preveía la expropiación de un predio de aproximadamente 120 hectáreas.

La iniciativa contemplaba la instalación de oficinas para Aduana, playas de camiones, galpones ferroviarios y toda la infraestructura necesaria para una zona logística integrada. La inversión estimada superaba los 300 millones de dólares. En el plano judicial, el proceso de expropiación había avanzado con una sentencia de primera instancia en octubre de 2024 que fijó una indemnización de $1.313 millones, modificada luego a $910 millones más intereses.

¿Qué pasó con la estación transformadora?

Otro proyecto que se cae es la estación transformadora “El Espinillo”, prevista en El Chañar, departamento Burruyacu. Planteada en diciembre de 2021, consistía en la construcción de una estación de extra alta tensión en 132 KV, vinculada a la línea de 500 KV “Cobos”.

El objetivo era reforzar el sistema eléctrico provincial, beneficiando a más de 255.000 usuarios residenciales y más de 12.000 comercios en San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Yerba Buena. Buscaba dar respuesta a la creciente demanda energética y a la saturación del sistema actual, que depende casi exclusivamente de la estación El Bracho, la cual opera al 90% de su capacidad.

El proceso judicial de expropiación había avanzado con una sentencia de marzo de 2025 que declaraba transferido el dominio a favor de la Provincia, con una indemnización cercana a los $1.000 millones, actualizada luego a casi $1.400 millones. Sin embargo, la paralización de las obras de transporte energético a nivel nacional y el costo estimado superior a los 100 millones de dólares llevaron a desestimar su ejecución.

¿Y el complejo habitacional?

El tercer proyecto afectado es el complejo habitacional de 650 viviendas en Alderetes, que incluía además la construcción de un establecimiento educativo. Impulsado en 2021, estaba vinculado al programa nacional Casa Propia – Construir Futuro, con financiamiento del entonces Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

El objetivo era dar respuesta al crecimiento poblacional de la zona y a la demanda de soluciones habitacionales. Se registraron avances administrativos concretos: se autorizó una orden de pago por $483 millones, se otorgó la posesión de los terrenos al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) y el expediente judicial se encontraba en etapa de prueba, pendiente de tasación.

Sin embargo, informes oficiales confirmaron que no existe obra en ejecución ni proceso licitatorio en curso, y que el proyecto quedó limitado a un anteproyecto debido a la falta de financiamiento nacional. La Provincia, además, se encuentra ejecutando actualmente unas 1.800 viviendas, lo que imposibilita afrontar con recursos propios la construcción de este nuevo complejo.

¿Qué fundamenta la decisión?

La decisión contó con la intervención de las áreas técnicas de los ministerios de Obras Públicas e Infraestructura y de Economía y Producción, y se fundamenta en la carencia de recursos nacionales para financiar las obras, lo que torna inviable su ejecución en el actual contexto.

Desde el punto de vista legal, el Ejecutivo sostiene que en ninguno de los casos se cuenta con sentencias firmes, por lo que no se perfeccionó la transferencia de dominio. Este aspecto técnico habilita a desistir de los procesos judiciales y evitar erogaciones mayores en un contexto de restricciones presupuestarias.

La decisión marca un antecedente relevante en la provincia, ya que no se registraban casos recientes de retroceso simultáneo en procesos de expropiación avanzados para obras de infraestructura. Si bien el Gobierno logró sostener algunas iniciativas heredadas, como desarrollos habitacionales en marcha o trabajos viales, la falta de financiamiento nacional obliga a redefinir prioridades.

El impacto directo de esta medida implica la caída de inversiones por más de U$S 500 millones, la postergación de soluciones en áreas críticas y un freno a proyectos que habían sido anunciados y planificados durante más de una década. La situación refleja el nuevo escenario fiscal y la dependencia de recursos federales para la ejecución de obras de gran escala en la provincia.