El Gobierno quiere sacarle la actualización automática a la AUH: qué pasa si se aprueba

El proyecto de Presupuesto 2027 que el Ejecutivo envió al Congreso incluye una modificación que apunta al corazón del sistema de asignaciones familiares: quitarle el carácter automático a los aumentos de la AUH, la Asignación por Embarazo (AUE) y el resto de las prestaciones que administra la Anses. La movida ya había sido intentada en el Presupuesto 2026 y en aquella oportunidad no prosperó en el tratamiento legislativo.

El artículo 17 de la iniciativa propone derogar tres artículos centrales de la Ley 27.160, la norma sancionada en 2015 que estableció la movilidad de estas prestaciones. El texto lo dice de manera directa: "Derógase los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley N° 27.160". No incorpora una fórmula alternativa ni fija una periodicidad obligatoria para las futuras actualizaciones.

El artículo que cambia todo

El punto central de la modificación está en el artículo 1 de la Ley 27.160, porque allí se establece que las prestaciones del régimen de asignaciones familiares tienen movilidad y que la actualización alcanza tanto los montos como los límites y rangos de ingresos que determinan quiénes pueden cobrar cada beneficio.

La norma abarca un universo más amplio que la AUH: comprende las asignaciones previstas por la Ley 24.714, entre ellas la asignación por hijo, la asignación por hijo con discapacidad, la asignación prenatal, la AUH, la AUE y prestaciones vinculadas con nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar, entre otras. La derogación, por lo tanto, no se limita a los trabajadores informales: también modifica el régimen de actualización de beneficios que reciben trabajadores registrados, jubilados y otros grupos contemplados por el sistema.

Qué pasa con los límites de ingresos

Al eliminarse el artículo 1 también se pierde el mecanismo que permite actualizar los rangos y límites de ingresos familiares usados para establecer quién accede a determinadas asignaciones. Esto es clave para los trabajadores formales: si esos valores no acompañan la evolución de los ingresos y los precios, una familia puede quedar excluida del sistema únicamente por el aumento nominal de sus salarios.

La Anses explicó en sus resoluciones de 2026 que el régimen vigente aplica la movilidad tanto sobre los montos como sobre los límites y rangos de ingresos del grupo familiar. En enero de este año, por ejemplo, el organismo utilizó expresamente la Ley 27.160 y el DNU 274/24 como parte del marco jurídico para calcular los incrementos.

El mecanismo que rige hoy

La Ley 27.160 vinculó la actualización de las asignaciones con el régimen de movilidad previsional. Tras el cambio que el Gobierno dispuso en 2024 para las jubilaciones, los aumentos se realizan mensualmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, y ese mecanismo se aplica también a las asignaciones. La propia Anses sigue usando esa normativa como fundamento para determinar los incrementos.

La modificación propuesta también alcanza los artículos 3 y 4 de la ley. El primero establece la intervención de la Anses en el cálculo de la movilidad; el segundo estuvo vinculado con la implementación inicial del mecanismo, cuya primera aplicación se produjo en 2016 y ya agotó sus efectos. Su derogación forma parte del mismo paquete que elimina la obligación de mantener la movilidad.

La paradoja del mensaje oficial

La propuesta aparece en el mismo proyecto en el que el Gobierno destaca la recuperación del poder de compra de la AUH durante su gestión. En el mensaje que acompaña al Presupuesto 2027, el Ejecutivo señala que la prestación acumuló una mejora real de casi 110% desde diciembre de 2023 y que, junto con la Prestación Alimentar, permite cubrir más del 95% de la Canasta Básica Alimentaria medida por el INDEC.

El articulado, sin embargo, elimina la obligación legal de trasladar a las asignaciones la movilidad que hoy se calcula a partir de la evolución de los precios. Si el proyecto se aprobara sin modificaciones, el régimen de asignaciones familiares continuaría vigente y el Poder Ejecutivo conservaría la facultad de fijar los valores, pero dejaría de existir el mecanismo legal que obliga a trasladar periódicamente la inflación a esos montos.