El Gobierno recurre a la Corte Suprema con un argumento que ya fue rechazado: ¿qué buscan realmente?

El Gobierno nacional presentó un recurso ante la Corte Suprema para suspender la Ley de Financiamiento Universitario, utilizando los mismos argumentos que ya fueron desestimados por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Esta maniobra judicial busca ganar tiempo y sostener que la implementación debe adecuarse a la disponibilidad presupuestaria, según fuentes oficiales.

La posición del Ejecutivo se basa en una objeción mantenida desde que vetó la ley en 2025 y luego reiteró cuando el Congreso insistió con su sanción. En el decreto 647/2025, los equipos legales del oficialismo argumentaron que la norma quedaba suspendida en su ejecución por aplicación del artículo 5 de la ley 24.629, hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas correspondientes al presupuesto nacional.

Sin embargo, este argumento ya fue rechazado por la Cámara en una resolución del 31 de marzo. La Sala III confirmó una cautelar que ordena al Estado cumplir de forma inmediata con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, referidos a la actualización salarial de docentes y no docentes y a la recomposición de becas. Los jueces sostuvieron que no se podía suspender la aplicación de una ley posterior del Congreso apoyándose en otra norma anterior de igual jerarquía.

¿Por qué insisten con una estrategia fallida?

Pese a ese revés judicial, la Casa Rosada mantiene la misma línea de defensa y ahora la traslada al máximo tribunal. En Balcarce 50 aseguran que el recurso apunta a ganar tiempo y a sostener que la implementación de la ley debe adecuarse a la disponibilidad presupuestaria, para evitar que el presupuesto anual incurra en déficit.

En ese marco, en la mesa chica del jefe de Estado mantienen la intención de impulsar una nueva ley para modificar el costo fiscal de la norma y volver a discutir en el Congreso una salida con menor ejecución presupuestaria. Mientras tanto, el Gobierno asegura que actualizará las partidas universitarias y cumplirá con las erogaciones mensuales que habilita la ley.

¿Cómo planean ejecutar los fondos?

Fuentes oficiales sostienen que la adecuación presupuestaria se incorporará al presupuesto 2026 y se ejecutará en forma mensual de acá a fin de año, sin un desembolso único e inmediato por todo el monto que el Ejecutivo calcula como costo de cumplimiento. La lectura oficial es que se trata de una actualización de partidas a distribuir internamente durante el ejercicio, no de un pago instantáneo que obligue a girar toda la suma en un solo movimiento.

Esa interpretación convive con otra expectativa dentro del sistema universitario. Fuentes de la UBA también prevén que la eventual erogación sea mensual y que, por ahora, no incluya un pago retroactivo pleno. En ese sector creen además que la implementación puede volver a demorarse por la apelación judicial, lo que mantiene abierto un escenario de incertidumbre sobre los tiempos concretos de ejecución de la ley.

¿Qué otros frentes judiciales enfrenta el Gobierno?

La disputa universitaria se suma a otro frente judicial sensible para el Ejecutivo. En paralelo a la pelea por el financiamiento universitario, la Casa Rosada impulsó un per saltum ante la Corte Suprema para intentar revertir la suspensión judicial de parte de la reforma laboral. En Balcarce 50 reconocen así que el máximo tribunal ya quedó involucrado en dos disputas de alto “voltaje político”.