El Gobierno redobla la presión por Malvinas: lo que encontró en 30 países que cambia la estrategia

El Ejecutivo nacional rechazó de plano la guía que el Reino Unido difundió para respaldar a las empresas que operan en las Islas Malvinas y advirtió que profundizará las sanciones contra las compañías que desarrollen actividades sin autorización argentina. La Cancillería sostuvo que la legislación nacional seguirá aplicándose “con todo su rigor” y negó que Londres pueda dejarla sin efecto con decisiones propias.

La respuesta llegó después de que el gobierno británico publicara un documento dirigido a empresas, proveedores e inversores vinculados con las islas. Ese texto afirma que la Argentina no tiene jurisdicción sobre las compañías que operan en el archipiélago y ofrece respaldo británico ante eventuales sanciones o reclamos argentinos.

El Ejecutivo rechazó ese argumento y ratificó la aplicación de las leyes 26.659 y 26.915, vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. Según el comunicado oficial, ese marco fue reforzado por el Decreto 868/2026 y permite sancionar a empresas, inversores y proveedores que intervengan directa o indirectamente en actividades no autorizadas.

“Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional”, expresó la Cancillería. La Casa Rosada busca instalar así que la ofensiva británica no modifica el esquema jurídico con el que pretende aumentar la presión sobre las compañías involucradas.

Los números de la ofensiva

El Gobierno difundió además datos concretos sobre el alcance de las medidas ya iniciadas. La Cancillería informó que envió cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas ubicadas en 30 países vinculadas con actividades en las islas.

También aseguró que hay 60 procedimientos administrativos en curso y que la Sindicatura General de la Nación realizó tres denuncias penales que alcanzan a 10 empresas y a sus directivos. La intención oficial es ampliar ese esquema a medida que se identifiquen nuevos actores dentro de las cadenas comerciales y financieras.

Uno de los principales focos sigue puesto en Sea Lion, el proyecto petrolero previsto en la Cuenca Malvinas Norte. La Cancillería mencionó expresamente a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum y volvió a cuestionar las licencias otorgadas para avanzar con la explotación de hidrocarburos.

El comunicado confirma además que el Gobierno convocó a los embajadores del Reino Unido, Irlanda del Norte e Israel para transmitirles formalmente sus objeciones. En esos encuentros, según la Cancillería, se cuestionó el avance de Sea Lion y el conjunto de actos vinculados con licencias, incentivos y contratación de proveedores.

La Casa Rosada considera especialmente relevante el intento británico de atraer compañías internacionales. En el Gobierno entienden que el punto de presión más efectivo no pasa sólo por las empresas radicadas en las islas, sino también por contratistas, financistas, aseguradoras, proveedores e inversores con activos o intereses en otros países.

La respuesta argentina invocó además la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras permanezca pendiente una solución a la disputa de soberanía.

El Ejecutivo sostiene que las actividades hidrocarburíferas impulsadas desde las islas generan “efectos futuros potencialmente irreversibles” y comprometen recursos naturales que la Argentina considera propios. Ese argumento será uno de los ejes jurídicos y diplomáticos de la ofensiva que Milei anunció durante la cadena nacional.

La Cancillería reiteró al mismo tiempo que la Argentina mantiene su disposición a reanudar negociaciones bilaterales con el Reino Unido para discutir la soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas.