El Gobierno sale a frenar la sesión opositora que quiere tratar la crisis de endeudamiento y discapacidad
En Balcarce 50 ya activaron la estrategia para que no se junte el quórum. La clave está en un grupo de gobernadores que puede cambiar el resultado.
En Balcarce 50 ya están en movimiento. La Casa Rosada comenzó este fin de semana una ronda de contactos con gobernadores dialoguistas con un objetivo claro: evitar que la oposición logre reunir los 129 legisladores necesarios para abrir la sesión del miércoles 9 de septiembre en Diputados.
Ese día, las bancadas opositoras quieren tratar dos temas que incomodan al oficialismo: la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de las familias. La convocatoria fue firmada tanto por bloques duros como Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, como por otros más dialoguistas: Elijo Catamarca, Argentina Federal (Salta, Misiones, San Luis y Formosa) y Provincias Unidas (Córdoba, Santa Fe, Chubut y Jujuy).
En el Gobierno confirmaron a TN que ya iniciaron las gestiones con las provincias con las que tienen mejor vínculo. “Seguramente habrá esfuerzos”, ratificó una fuente oficialista.
Los encargados de destrabar el tablero legislativo son los de siempre: el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su vice, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem.
Qué gobernadores pueden torcer la balanza
Entre los mandatarios que podrían inclinar la sesión para un lado u otro aparecen los peronistas Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta); el PRO Ignacio Torres (Chubut); los radicales Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy); y Hugo Passalacqua (Misiones), entre otros.
La relación de cada uno con la Rosada depende del caso y del momento político, en un contexto donde el oficialismo ya define en qué distritos competirá solo y en cuáles sellará acuerdos de cara a 2027.
Los dos frentes que empuja la oposición
Los proyectos que se quieren tratar no tienen dictamen de comisión y el Gobierno los evitó hasta ahora. Por un lado, la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad, en un marco donde organizaciones y prestadores denuncian aranceles atrasados, compensaciones impagas y pensiones frenadas.
Por el otro, un paquete de iniciativas sobre endeudamiento familiar, con niveles récord de mora: alrededor de 5,6 millones de personas no pueden afrontar sus deudas.
Entre ellas se destaca el proyecto de la diputada Natalia Zaracho, respaldado por el jefe de bloque Germán Martínez, que propone declarar por dos años la emergencia crediticia de las familias y crear un régimen especial para las deudas acumuladas. Las propuestas varían en el nivel de intervención estatal, pero en general apuntan a programas de refinanciación, topes a las cuotas según ingresos y mecanismos de mediación.
La postura del oficialismo es clara: el endeudamiento es un problema entre privados, no del Estado. Por eso, hará todo lo posible para bloquear el avance opositor y evitar un escenario como el de la previa de las elecciones de 2025, cuando las leyes deficitarias aprobadas dispararon las tasas y frenaron la baja de la inflación.
“Están buscando que tengamos algún impacto del tipo fiscal para desestabilizar la economía”, aseguró este lunes Martín Menem.