El Gobierno sanciona a Fate: multa millonaria por no pagar sueldos en pleno conflicto

El Ministerio de Capital Humano confirmó una sanción económica contra la empresa Fate por incumplir el pago de salarios durante la conciliación obligatoria. La medida llega tras verificar que la compañía no abonó los sueldos de la segunda quincena de febrero, violando la normativa laboral vigente en medio del conflicto con el SUTNA.

Desde la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social explicaron que el incumplimiento se detectó mientras regía la instancia de conciliación obligatoria entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino. Este hecho constituye una infracción grave a la ley.

¿Qué multa podría enfrentar la empresa?

El Gobierno ya inició el sumario correspondiente contra Fate. La sanción se determinará en función de la fecha en que se verificó la falta de acatamiento y de la gravedad de la infracción cometida.

La normativa, establecida en la Ley 25.212, contempla multas que pueden oscilar entre el 50% y el 2.000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado. Esto podría traducirse en una sanción millonaria, considerando la escala de la planta.

Diálogo forzado y un conflicto que se extiende

Paralelamente a la sanción, las autoridades resolvieron prorrogar la conciliación obligatoria por cinco días más, con vencimiento el 11 de marzo. El objetivo declarado es continuar promoviendo el diálogo para intentar alcanzar una solución.

Desde el Ministerio remarcaron que esta prórroga busca preservar el canal de negociación, evitar una mayor escalada del conflicto y favorecer el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de la empresa.

El trasfondo: una fábrica cerrada y 900 puestos en juego

El conflicto se profundizó luego de que Fate decidiera el cierre de su única fábrica el pasado 18 de febrero. Esta medida impactó directamente en alrededor de 900 trabajadores.

El sindicato mantiene su reclamo central: que la compañía retome la producción y garantice el pago integral de los salarios. Mientras tanto, el SUTNA impulsa una medida extrema en la Legislatura bonaerense.

El gremio promueve un proyecto de ley para declarar de “utilidad pública” la producción de la planta de neumáticos. Esta figura legal podría permitir una eventual intervención temporal del gobierno de la provincia de Buenos Aires para garantizar la continuidad de la actividad.

La sanción del Gobierno nacional marca un punto de inflexión en este conflicto laboral, ejerciendo presión sobre la empresa para que cumpla con sus obligaciones mientras se busca una salida negociada a la crisis.