El Gobierno se juega una carta clave: la prueba de fuego que pone en jaque al mercado local

Este viernes, el Ministerio de Economía se enfrenta a un desafío crucial en el mercado de deuda. La operación busca conseguir US$300 millones y renovar vencimientos por $8 billones, pero el verdadero objetivo es mucho más ambicioso: testear la confianza de los inversores más allá de las elecciones de 2027. El éxito o fracaso de esta licitación enviará una señal contundente sobre la capacidad de financiamiento del país.

Para captar dólares, la Secretaría de Finanzas que conduce Federico Furiase volverá a ofrecer el bono en moneda extranjera con vencimiento en 2027 (AO27), un instrumento con el que ya recaudó US$500 millones. La novedad es la incorporación de un título similar, pero con plazo extendido hasta octubre de 2028 (AO28).

¿Qué hay detrás del nuevo bono a 2028?

Ambos bonos en dólares tienen un monto máximo global a colocar de US$2000 millones, con un tope de US$150 millones por subasta. Además, cada uno contará con una segunda vuelta por hasta US$100 millones adicionales. Esto significa que, en el mejor de los escenarios, el Gobierno podría hacerse de hasta US$500 millones en esta sola operación.

El nuevo bono AO28 pagará intereses mensualmente a una tasa del 6%, idéntica a la del AO27. Sin embargo, los analistas anticipan que la diferencia de plazo y el llamado “riesgo de reversión” política podrían impactar en su valuación. Gustavo Araujo, jefe de Research de Criteria, explicó que esta licitación permitirá ponerle precio a ese riesgo, que se refiere a la posibilidad de un cambio en las políticas económicas tras un nuevo ciclo político.

La consultora Outlier anticipó que, si el diagnóstico oficial es correcto, el AO28 debería salir a una tasa más alta que el AO27. “No creemos que vaya a ser tan el caso, aunque un *spread* seguramente exista respecto del AO27 dado el mayor plazo”, señalaron. Por su parte, analistas de PPI consideraron que esta es la “primera gran prueba del año” de la capacidad del Gobierno de financiarse localmente a un plazo extendido.

La estrategia detrás de la movida

El contexto para esta jugada es clave: los depósitos en dólares en el sistema local se encuentran en máximos. El Gobierno busca captar parte de ese ahorro interno para brindar certidumbre sobre los próximos pagos de deuda en moneda extranjera, previstos para julio y enero de cada año. El anuncio de esta licitación, sumado a las fuertes compras de reservas del BCRA, ya contribuyó a frenar la suba del riesgo país.

En paralelo a la búsqueda de dólares, el Tesoro Nacional también colocará deuda en pesos para renovar vencimientos de la semana que ascienden a $8 billones. La oferta incluye una nueva letra capitalizable a julio, bonos indexados por CER a 2027 y 2028, un bono vinculado a la tasa Tamar y un título ajustado por el tipo de cambio oficial con vencimiento en junio de 2028.

Además, Economía llamó a un canje para los tenedores del bono CER que vence el 30 de junio de este año. Podrán intercambiarlo por nuevas alternativas: un bono TAMAR a agosto de 2027 y dos títulos ajustados por inflación a marzo de 2028 y 2029.

Los expertos de PPI anticipan que, si el tipo de cambio se mantiene firme, podrían existir incentivos para mantener alta la liquidez en el sistema financiero, lo que se traduciría en un *rollover* cercano al 100% de los vencimientos. También señalaron que el Gobierno podría aprovechar las bajas tasas reales vigentes para extender el perfil de vencimientos de su deuda en pesos.

El resultado de esta doble licitación, en dólares y en pesos, será un termómetro preciso de la confianza del mercado doméstico. No solo medirá el apetito por financiar al Estado, sino que también pondrá un número concreto al temido “riesgo electoral” que todos mencionan pero pocos se atreven a cuantificar.