El Gobierno sumó 27 rutas nacionales al esquema de peajes: cuáles son las que complican a la Provincia
El decreto metió 27 rutas nacionales en el esquema de peajes y la Provincia tiene varias de las trazas incluidas. Lo que todavía no se sabe es cuánto costará pasar por ellas ni desde cuándo habrá que pagar.
Un decreto del Gobierno nacional incorporó 27 trazas de la Red Vial Nacional al proyecto Red Federal de Concesiones, el esquema que habilita la gestión privada de caminos a cambio del cobro de peajes. La provincia de Buenos Aires aparece entre las más alcanzadas por la medida.
La norma faculta al Ministerio de Economía a avanzar con los estudios técnicos y con los llamados a licitación. El objetivo declarado es atraer inversiones para conservar, mantener, rehabilitar y ampliar los caminos, además de mejorar la seguridad y la transitabilidad.
Qué rutas bonaerenses entran en el listado
En territorio bonaerense quedaron comprendidas las rutas nacionales 3 —en el tramo que comparte con Chubut y Santa Cruz—, la 22 junto a La Pampa, la 33, la 35 que también cruza La Pampa y Córdoba, la 228 y el acceso A0017.
A esa lista se suma la ruta 9, que atraviesa Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy.
El resto del país también tiene su porción. La 11 recorre Santa Fe, Chaco y Formosa; la 12 pasa por Entre Ríos; la 14 une Corrientes y Misiones; y la 16 cruza Santiago del Estero, Chaco y Salta. Se agregan las rutas 81 y 86 en Formosa, la 89 entre Chaco y Santiago del Estero, y las 120, 121 y 122 en Corrientes.
En la Patagonia fueron incluidas las rutas 25 y 26 en Chubut y la 237 en Neuquén. El listado se completa con la 34 entre Jujuy y Salta, la 38 en Córdoba y La Rioja, la 50 en Salta, las 60 y 158 en Córdoba, y las 151 y 152 en La Pampa.
No todos los tramos tendrán peaje
El decreto aclara que incorporar una ruta al esquema no significa concesionar todo su recorrido. La Secretaría de Transporte, bajo la órbita de Economía, deberá definir qué tramos integrarán los futuros corredores, tomando como base los informes técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad.
La cartera económica tendrá a su cargo aprobar los pliegos, convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales, evaluar las ofertas y adjudicar los contratos. El plazo para los llamados es de 12 meses desde la entrada en vigencia de la norma.
Vialidad Nacional será la autoridad de aplicación y se ocupará de supervisar y controlar las concesiones. La norma también prohíbe que los nuevos tramos se superpongan con sectores ya concesionados en las etapas I, II, II-B y III de la Red Federal de Concesiones, aunque algunas de las rutas incorporadas figuren en esos procesos previos.
