El Gobierno traza su plan secreto tras el histórico fallo a favor de Argentina en el caso YPF

El Gobierno nacional ya mueve sus piezas en el tablero judicial tras el revés que sufrió el fondo Burford en Nueva York. La estrategia oficial se centra en un próximo movimiento que el fondo litigante ya anticipó y que, según Balcarce 50, tiene escasas probabilidades de éxito. Mientras tanto, la defensa argentina se mantiene firme en los argumentos que lograron revertir una condena multimillonaria.

Según fuentes oficiales, el escenario más probable no es un salto directo a la Corte Suprema de Estados Unidos por parte de Burford. La apuesta en el Ejecutivo es que el fondo solicite primero una revisión del fallo por el pleno de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, el mismo tribunal que acaba de darle la razón a la Argentina.

Esta lectura se sustenta en el propio comunicado de Burford, que si bien dejó abierta la puerta a una eventual apelación ante el máximo tribunal, priorizó la opción de la revisión interna. El fondo admitió que este tipo de pedidos “rara vez” prosperan y anunció que una decisión final se tomará en los próximos días.

¿Sobre qué pilares se basa la defensa argentina?

Los equipos legales de la Casa Rosada no descartan que una nueva instancia judicial implique otra ronda de presentaciones de escritos. Sin embargo, son enfáticos en un punto: no cambiarán el eje de su defensa. “No está todo cerrado, pero está ganado en un 90%. Ahora se invirtió el marco de posibilidades”, resumieron en despachos oficiales.

Los argumentos que el Gobierno promete sostener son los mismos que recogió la mayoría de la Cámara de Apelaciones. El primero es contundente: los reclamos por daños de los accionistas contra el Estado argentino no son admisibles bajo la ley local. El segundo sostiene que, incluso si existiera una obligación derivada del estatuto de YPF, esos reclamos quedan desplazados por el derecho público argentino que regula la expropiación.

Por el momento, el Gobierno no planea presentar un escrito para que la jueza de primera instancia, Loretta Preska, aplique rápidamente lo resuelto por la Cámara. La explicación es que, tras el fallo, el expediente sigue su curso procesal natural y vuelve al juzgado de origen. Por eso, la defensa oficial no prevé por ahora maniobras para “apurar” esa implementación.

El obstáculo que ven para Burford

La principal apuesta estratégica del Ejecutivo se basa en una dificultad concreta para el fondo litigante. En Balcarce 50 consideran que Burford enfrentará serios problemas para escalar el caso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

La razón es técnica: la Corte no revisa automáticamente estas decisiones. El pedido de revisión es discrecional y la propia Regla 10 del tribunal establece que solo se concede por “razones imperiosas”, como conflictos entre tribunales o una cuestión federal de gran relevancia. Esa misma regla aclara que rara vez se acepta un caso cuando solo se discute la aplicación del derecho o de los hechos.

El entorno jurídico de la Casa Rosada identifica un problema adicional para Burford. La mayoría del Segundo Circuito basó su resolución principalmente en la interpretación del derecho argentino. Desde el Gobierno entienden que ahí no emerge una “cuestión federal fuerte” que haga probable la intervención del máximo tribunal estadounidense. Esta es una de las claves por las que ven más factible una revisión interna dentro de la Cámara que un salto exitoso a la Corte Suprema.

Mientras tanto, Burford endureció su postura pública, calificando la decisión como “decepcionante” y dejando abierta la posibilidad de nuevas vías judiciales y arbitrales. En el Gobierno siguen de cerca estos movimientos, pero insisten en que el panorama cambió sustancialmente. Ante cualquier nueva ofensiva, la respuesta argentina será el mismo encuadre jurídico que les permitió derribar una sentencia que superaba los 16.000 millones de dólares.