El Gobierno usará $2 billones del fondo de los jubilados para créditos hipotecarios: la crítica de Semino y a quiénes beneficiaría

El anuncio del Gobierno nacional de destinar $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSeS para ampliar el financiamiento hipotecario generó un fuerte cuestionamiento por parte de Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad. Para el dirigente, el problema no es la existencia del crédito, sino el origen de los fondos y quiénes podrán acceder realmente a esos préstamos.

En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Semino advirtió que la mayoría de los jubilados quedará afuera de este esquema, a pesar de que el dinero sale del sistema previsional. "Usan el fondo de los jubilados para créditos a los que ellos difícilmente puedan acceder", sintetizó.

La fecha que enmarca la discusión

La entrevista se dio en un contexto particular: cada 28 de agosto se conmemora el Día de la Ancianidad, en recuerdo de la proclamación de los Derechos de la Ancianidad realizada por Eva Perón en 1948 e incorporados a la Constitución de 1949. Semino recordó que derechos como el ingreso digno, la salud y la vivienda siguen siendo deudas pendientes para el sector.

El programa anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, prevé que el FGS coloque recursos mediante depósitos a plazo fijo en entidades financieras, que deberán destinarlos a créditos para adquisición, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda. Cada licitación podrá llegar hasta los $200.000 millones.

Las cifras que marcan la brecha

Semino basó su crítica en los números oficiales. Según el ejemplo presentado por Economía, una vivienda valuada en unos US$106.667, con un crédito de $120,92 millones a 25 años, tendría una cuota inicial de $865.098. Para mantener una relación cuota-ingreso del 25%, el grupo familiar debería acreditar ingresos netos mensuales de unos $3,46 millones.

El defensor contrastó esas cifras con la realidad previsional: alrededor de cinco millones de jubilados y pensionados perciben ingresos cercanos a los $500.000, mientras que el resto promedia los $850.000. "Incluso con los haberes más altos, una cuota de $800.000 queda fuera del alcance de prácticamente todo el sector", sostuvo.

El programa no establece una prohibición explícita para mayores de 65 años, pero serán las entidades financieras las que evalúen la capacidad crediticia de cada solicitante. La objeción de Semino se apoya en la brecha entre los ingresos requeridos y los haberes reales, más que en una exclusión etaria formal.

Una paradoja que no es nueva

Semino recordó que buena parte de los actuales jubilados aportó al régimen de capitalización individual y que los activos de las antiguas AFJP fueron transferidos al FGS. "Los únicos que quedaron afuera de esos créditos, antes y ahora, son los que pusieron la plata, los dueños del fondo", afirmó.

Además, cuestionó la legalidad de la medida: "Se está violando la ley a la luz del día", dijo. Sin embargo, la Ley 27.574 dispone que ANSeS debe priorizar inversiones con impacto en la economía real, siempre que promuevan la sostenibilidad del sistema previsional. El Decreto 897/2007, que creó el FGS, contempla tanto atenuar impactos financieros negativos como invertir para el desarrollo sustentable.

El destino del Fondo

Semino también repasó la evolución del FGS. Tras la eliminación de las AFJP, el Fondo recibió activos que históricamente se estimaron en US$100.000 millones. Al cierre de 2024, la ANSeS informó una cartera de US$64.793 millones valuada al dólar CCL, con un 74% en títulos públicos y un 17,2% en acciones. El dirigente advirtió que no debe confundirse la valuación total con dinero disponible en efectivo.

Para Semino, la discusión de fondo es la prioridad: en un escenario de haberes reducidos y sentencias previsionales pendientes, el FGS debería concentrarse primero en quienes forman parte del sistema que le dio origen. "Si se lo ponen en el bolsillo del jubilado, va al mercado interno", argumentó, al señalar que las personas mayores destinan sus ingresos al consumo básico.

A 78 años de la proclamación de los Derechos de la Ancianidad, la contradicción persiste: los $2 billones podrán impulsar el crédito hipotecario, pero queda abierta la pregunta sobre qué lugar ocupan los jubilados cuando el Estado decide cómo usar el patrimonio que debe sostener el sistema previsional.