El Gobierno usó el 70% de los fondos hídricos para sostener el superávit: qué obras quedaron paralizadas

La gestión de Javier Milei encontró en el impuesto a los combustibles una caja millonaria para sostener el equilibrio fiscal, pero a costa de paralizar obras esenciales. De cada $100 destinados a infraestructura hídrica, solo $31 llegaron a los proyectos, mientras el resto se volcó a instrumentos de deuda estatal. El mismo mecanismo se replica en las rutas, donde el nivel de subejecución alcanza el 73,8%.

¿Dónde terminó el dinero del Fondo de Infraestructura Hídrica?

El Fondo de Infraestructura Hídrica, creado por decreto en 2001 y ratificado por ley en 2006, se financia con el 4,31% de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Su afectación es específica: debe invertirse en proyectos, mantenimiento, recuperación de tierras productivas y mitigación de inundaciones.

Sin embargo, según datos oficiales del Ministerio de Economía revelados a Chequeado, entre 2024 y mayo de 2026 se ejecutaron apenas $116 mil millones de los $375.400 millones disponibles. La subejecución fue sostenida: en 2024 se gastó solo el 12% de lo recaudado ($11.500 millones sobre $94.400 millones), en 2025 el 24% ($43.400 millones sobre $184.300 millones) y hasta mayo de 2026 el 63% ($61 mil millones sobre $97.600 millones).

El dinero no usado no quedó inactivo: para junio de 2026, el fondo fiduciario retenía $290 mil millones en Letras del Tesoro, $247 millones en plazos fijos y otros $49 mil millones en depósitos a la vista. Es decir, el Gobierno conserva un colchón financiero que triplica lo que efectivamente gastó en obras en dos años y medio.

La estrategia que salvó al Tesoro pero hundió a las provincias

La economista Sofía Grassi, de ASAP, explicó que invertir estos recursos en títulos como las LECAP le da liquidez inmediata al Tesoro nacional. Esto no financia el déficit de manera directa, pero le permite al Palacio de Hacienda afrontar vencimientos de deuda o acumular reservas, aprovechando el resultado fiscal positivo que surge de percibir impuestos sin ejecutar el gasto asociado.

Mientras tanto, las obras para prevenir inundaciones quedaron frenadas en todo el país. El mismo patrón se repite con el Sistema Vial Integrado (SisVial), que captó más de $1,5 billones desde que asumió la gestión libertaria. Una investigación de La Nación reveló que solo se aplicó una cuarta parte de esos ingresos al mantenimiento de rutas ($394.406 millones), con una subejecución del 73,8%.

El colapso vial y la respuesta de las provincias

La falta de mantenimiento ya tiene consecuencias concretas. El Paso Cristo Redentor, en Mendoza, lleva casi un mes clausurado por nieve, con más de 3.000 camiones varados. Vialidad de Chile ofreció sus propias máquinas para despejar la calzada del lado argentino ante la falta de recursos.

Las provincias empezaron a buscar soluciones por su cuenta. En La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto enviará un proyecto para crear una “Tasa Vial” a los camiones que van a Vaca Muerta. En Neuquén, el intendente Mariano Gaido reclamó una deuda de $48.105 millones. En Río Negro, avanzan las tratativas para licitar corredores por peaje, aunque la negociación se traba por la exigencia de instalar balanzas.

Fondos y obras como moneda de cambio en el Congreso

El periodista Hugo Alconada Mon reveló que los pagos del SisVial durante los primeros cinco meses del año ($33.786 millones) se concentraron en provincias clave en momentos críticos para el oficialismo. El ritmo de transferencias fue 3,44 veces superior durante los debates de la reforma laboral, la Ley de Glaciares y los proyectos “Hojarasca” y Zonas Frías.

Los beneficiarios fueron Jujuy, Tucumán, Salta y Misiones, cuyos legisladores acompañaron al Gobierno en votaciones reñidas. También se registró un pago único a Santa Cruz antes del debate sobre Zonas Frías, tras el cual el legislador provincial votó con el oficialismo.

La misma lógica se aplicó con los ATN: antes de una sesión en el Senado para rechazar el veto a la ley de coparticipación de estos fondos, el Gobierno giró $12.500 millones a Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Misiones.

La presión oficial y el naufragio de la ley de coparticipación

El ministro Luis Caputo calentó la previa en redes sociales: “El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia”. Milei amplió: “En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los ‘antikukas’ que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos”.

La ley que proponía coparticipar el impuesto a los combustibles, impulsada por los 24 gobernadores, cayó en Diputados por la ausencia de unos 14 legisladores que respondían a mandatarios que habían firmado el pacto inicial. El titular de la Cámara, Martín Menem, impuso el requisito de mayoría absoluta de 129 votos, una interpretación repudiada por la oposición que salvó a Milei de un nuevo veto.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la estrategia: en un “Estado quebrado”, adjudicar obras era difícil, y el nuevo paradigma apunta a que las rutas se mantengan con inversiones privadas. Prometió que para octubre habrá 9.000 kilómetros licitados bajo concesión.