El Gobierno vuelve a la carga con un proyecto que desarma la ley de discapacidad y reaviva un conflicto de alto costo

El ministro de Salud, Mario Lugones, envió al Senado una iniciativa que modifica los pilares de la ley de emergencia en discapacidad, reabriendo una batalla legislativa que el oficialismo perdió meses atrás. La propuesta, titulada “contra el fraude de pensiones por invalidez”, llega en un contexto de tensiones internas y podría generar nuevas movilizaciones.

El proyecto fue firmado por Lugones, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según el texto, los cambios se fundamentan en que la ley vigente amplió el universo de beneficiarios y flexibilizó condiciones “sin tener en consideración los recursos públicos disponibles”.

¿Qué cambia en el acceso a las pensiones?

Uno de los cambios más significativos está en el acceso a las pensiones. Se mantiene el monto equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, pero se abandona el criterio de “protección social” basado en el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En su lugar, se vuelve a un esquema de invalidez laboral: solo podrán acceder quienes estén imposibilitados de trabajar.

Esto reduce el universo de beneficiarios y deja afuera a quienes hoy combinan discapacidad con inserción laboral parcial. Además, la pensión deja de ser compatible con el empleo formal. A diferencia del régimen actual, que permitía trabajar dentro de ciertos límites de ingresos, el nuevo esquema establece incompatibilidad total con cualquier vínculo laboral registrado o inscripción tributaria.

¿Cómo impacta en el sistema de prestaciones?

El segundo eje apunta al sistema de prestaciones. El proyecto elimina los aranceles únicos y universales -el nomenclador- que fijaban valores homogéneos para todo el país. En adelante, los precios de terapias, acompañantes, centros de día o transporte quedarán sujetos a negociaciones entre obras sociales, prepagas y prestadores.

El Estado solo intervendrá cuando sea financiador directo -como en Incluir Salud o PAMI-, con actualizaciones trimestrales que no estarán atadas de manera automática a la inflación, como establece la ley de emergencia. En la práctica, esto implica que los valores podrían quedar rezagados.

Este cambio impacta directamente en el funcionamiento del sistema solidario. Hoy, el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) -financiado con el 15% de los aportes de obras sociales y prepagas- funciona como sostén del nomenclador único: garantiza valores homogéneos para todas las prestaciones y ayuda a cubrir los costos, especialmente en las entidades con menor capacidad financiera.

Al desregular los aranceles y eliminar el nomenclador, los valores dejarán de ser comunes y pasarán a definirse en negociaciones individuales entre prepagas u obras sociales y prestadores. En ese esquema, las grandes prepagas -con mayor volumen de aportes- quedarían en mejor posición para negociar directamente, mientras que las obras sociales más pequeñas, que se beneficiaban del sistema solidario, podrían tener dificultades para afrontar los costos de algunos servicios.

¿Qué controles se endurecen?

El proyecto también endurece los controles. Establece auditorías con cruces de datos entre Anses y ARCA, que podrían derivar en suspensiones preventivas ante inconsistencias. Además, define un reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios en un plazo no menor a 90 días: quien no actualice su información podrá perder automáticamente la prestación.

¿Cuál es el contexto político?

La iniciativa ingresó por la Cámara alta, donde La Libertad Avanza (LLA) cuenta con una correlación de fuerzas más favorable que en Diputados. Sin embargo, el antecedente reciente no es auspicioso: la emergencia en discapacidad, junto con el presupuesto universitario, no solo unificó a la oposición sino que también le hizo perder al Gobierno un capítulo entero del Presupuesto 2026.

El movimiento expone tensiones internas. Lugones responde al asesor presidencial Santiago Caputo, cuyo vínculo con Karina Milei -según coinciden fuentes oficiales- atraviesa un punto de fricción difícil de revertir. La avanzada sobre discapacidad vuelve a mostrar las diferencias de estrategia entre el ala “caputista”, que empuja reformas sin contemplaciones, y el sector alineado con la secretaria general, que busca administrar los tiempos políticos.

El año pasado, Martín Menem intentó evitar el costo de una derrota en el recinto. Propuso otorgar un aumento a los prestadores -cuyos aranceles estaban congelados- para desactivar el frente legislativo, pero finalmente se avanzó en otra dirección. El resultado fue adverso y, como presidente de la Cámara de Diputados, terminó gestionando las consecuencias de una discusión mal calibrada.

Ahora, el primer filtro estará en el Senado. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, deberá ordenar la estrategia y contener las resistencias que ya empiezan a aflorar. En el entorno de Menem habían anticipado que el tema volvería este año, pero con un enfoque centrado en controles más estrictos sobre las pensiones. El proyecto, sin embargo, va más allá y reabre el núcleo del conflicto: el monto de las prestaciones.

El margen político es estrecho. Solo un puñado de aliados provinciales, de Pro y la UCR acompañó al oficialismo en los intentos previos de frenar aumentos e indexaciones para prestadores. En paralelo, sigue abierto el frente judicial en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde el exdirector Diego Spagnuolo quedó bajo investigación por presuntos pedidos de coimas de funcionarios de alto rango a empresarios proveedores de insumos. La causa, a cargo del fiscal Franco Piccardi, agrega ruido a una discusión de por sí sensible. Allí figuran, entre otros mencionados, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

En ese contexto, organizaciones y familias de personas con discapacidad ya convocaron a una movilización para el miércoles a las 11 frente al Ministerio de Salud. El conflicto puede volver a escalar.

Lule Menem y Martín Menem

Spagnuolo y Lugones, en un encuentro oficial de ANDIS, en diciembre de 2024

Concentración frente al Congreso en apoyo a la Ley de emergencia en Discapacidad