El gremio docente celebró el fallo que obliga al Gobierno a aplicar la ley universitaria

La Justicia le puso un freno al Ejecutivo nacional. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo del juez Martín Cormick, declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó al Gobierno que cumpla de inmediato con la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue celebrada por Adiuvim, el gremio que nuclea a los docentes universitarios, entre ellos los de Villa María.

La resolución hace lugar al amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional, universidades y docentes, y también a la acción acumulada de la Universidad de Buenos Aires. Para el gremio que conduce Nahum Mirad, el fallo no solo consolida la Ley 27.795, sino que fija un límite más amplio al poder presidencial.

Qué dice el fallo

Según la sentencia, el Decreto 759/2025 condicionó la aplicación de la Ley 27.795 y funcionó como un “mecanismo extraconstitucional”. El juez sostiene que esa fórmula equivalió en los hechos a un nuevo veto, una instancia que la Constitución no contempla.

El Gobierno de Milei había vetado la ley, pero el Congreso insistió en su sanción con los dos tercios que exige el artículo 83 de la Constitución. A partir de esa insistencia, para el juez, la ley debía promulgarse sin restricciones.

Desde Adiuvim remarcaron que “la cuestión, por lo tanto, excede una discusión sobre procedimientos administrativos o disponibilidad presupuestaria: el fallo establece un límite al ejercicio del poder presidencial cuando éste interfiere con una decisión legislativa adoptada conforme al procedimiento constitucional, algo que advertimos desde los gremios”.

El argumento presupuestario, en el centro de la disputa

El Ejecutivo había sostenido que la ley no podía ejecutarse hasta que se definieran las fuentes de financiamiento. El juez rechazó ese planteo: señaló que la propia Ley 27.795 contiene en su artículo 9° las pautas para su financiamiento y recordó que una ley posterior puede modificar o desplazar disposiciones anteriores.

El gremio lo explicó con claridad: “Por ello, una norma previa de carácter presupuestario o de administración financiera no puede adquirir una jerarquía que le permita neutralizar una ley posterior sancionada por el Congreso”.

Adiuvim también puso números sobre la mesa. Durante 2025 el Ejecutivo modificó seis veces el presupuesto prorrogado de 2023, y la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el costo de la Ley 27.795 representaba apenas el 0,23 % del PBI nominal proyectado. Con esos datos, el juez concluyó que el DNU no supera un test mínimo de razonabilidad.

Qué se juega el gremio

La recomposición salarial de docentes y nodocentes, las becas y el financiamiento para el funcionamiento de las universidades son los puntos clave de esta pelea. Pese al fallo, desde Adiuvim advirtieron que seguirán luchando hasta que el Gobierno aplique la ley en la práctica.

Para el gremio, la decisión judicial tiene un alcance que va más allá de la discusión universitaria: “La Justicia no está definiendo una política universitaria: está exigiendo que el Estado cumpla una decisión adoptada por el Congreso dentro de sus atribuciones constitucionales”.