El gremio docente de Río Negro endurece el pulso con Weretilneck y paraliza las aulas 48 horas

El gremio docente de Río Negro redobló la apuesta: paro de 48 horas y un pedido que el Gobierno no quiere dar. Qué exige la UnTER antes de que la Legislatura trate la reforma del Ipross.

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El gremio docente de Río Negro endurece el pulso con Weretilneck y paraliza las aulas 48 horas
El gremio docente de Río Negro endurece el pulso con Weretilneck y paraliza las aulas 48 horas

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, afronta un nuevo frente de conflicto con el sector docente: la UnTER convocó a un paro de 48 horas para este miércoles y jueves en rechazo al proyecto oficial que busca modificar el funcionamiento de la obra social provincial, el Ipross.

La medida fue aprobada por unanimidad en el Plenario de Secretarías Generales del sindicato y coincidirá con el tratamiento en comisión de la iniciativa en la Legislatura. La próxima sesión del cuerpo fue convocada por el vicegobernador Pedro Pesatti para el 2 de octubre.

El proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial pretende modificar la Ley K N.º 2753 y habilitar la llamada libertad de elección de obra social para los trabajadores estatales.

Qué pide el sindicato antes de discutir la reforma

La secretaria general de la UnTER, Laura Ortiz López, explicó que el Plenario analizó en detalle la situación actual del Ipross y los alcances de la propuesta oficial. El gremio exige conocer el nivel de endeudamiento del organismo, los aportes que recibe, cómo se distribuyen esos recursos y cuál es el estado real de las prestaciones.

Ortiz también señaló dificultades con insumos, medicamentos y cobertura que, según su planteo, deberían formar parte del debate legislativo. La dirigente aclaró que cuestionar el funcionamiento del Ipross no implica abandonarlo: sostuvo que la UnTER seguirá defendiendo su carácter solidario y las prestaciones que brinda en situaciones de alta complejidad.

Según relató, hay trabajadores que atraviesan enfermedades graves y reciben respuestas de la obra social, aunque en algunos casos deben recurrir a acciones legales para garantizar las prestaciones.

El sindicato reclama además una participación efectiva de los trabajadores en la administración de la obra social, con intervención real en la Junta de Administración y capacidad de control sobre los recursos.

"Debemos defenderla, debemos exigir que realmente se den los espacios de representación de los trabajadores y trabajadoras dentro de la Junta de Administración para que podamos nosotros ser parte de las definiciones que hay adentro", afirmó Ortiz.

Las críticas de ATE y la CTA Autónoma

El conflicto por la reforma también sumó cuestionamientos de otros sectores gremiales. ATE y la CTA Autónoma de Río Negro manifestaron reparos al proyecto de Weretilneck y defendieron el carácter solidario del Ipross.

El secretario general de ATE y CTA Autónoma, Rodrigo Vicente, sostuvo que la obra social "tiene un valor muy importante para los trabajadores y jubilados de la provincia" y consideró que la posibilidad de derivar aportes alcanzaría a un grupo reducido de trabajadores, por el costo de acceder a una cobertura privada similar.

"Se estima que va a ser muy poca la cantidad de trabajadores que realmente puedan irse, porque con el aporte actual es prácticamente imposible acceder a una cobertura privada similar sin tener que pagar una diferencia importante", afirmó.

Cómo funcionaría el traspaso de aportes

La iniciativa oficial habilita la derivación de aportes hacia otra entidad elegida por los afiliados y fija un 4% para los activos y un 5,5% para los pasivos. Quienes opten por el cambio deberán pagar de su bolsillo cualquier diferencia entre el monto transferido y el costo total de la nueva cobertura.

En paralelo, la contribución patronal del 7% seguirá ingresando de manera obligatoria al Ipross para financiar programas específicos: un 3% al Plan Oncológico y Planes Especiales, un 2% a Discapacidad, Prestaciones Especiales y Prótesis, y el 2% restante a Farmacia Ambulatoria y Enfermedades Crónicas.

Para regular los traspasos, el proyecto exige una permanencia mínima de 12 meses en la entidad receptora y un plazo de 36 meses antes de poder regresar a la obra social provincial.

Ese mecanismo generó nuevas críticas de la dirigencia sindical. Vicente planteó que los funcionarios de los tres poderes del Estado deberían quedar excluidos del esquema, con el argumento de que las autoridades de gobierno tienen la responsabilidad de comprometerse activamente con el sostenimiento del Ipross.

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