El gremio estatal que para este martes y marcha a la Corte: "Firmaron la entrega de todo el territorio"

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) dispuso un cese de tareas y el retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes 6 de octubre a partir del mediodía. La medida busca movilizar al máximo tribunal judicial del país en rechazo al fallo que habilitó la venta irrestricta de tierras a extranjeros.

Tras la manifestación en San Martín de los Andes, el gremio volverá a pronunciarse contra la sentencia que firmaron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, apuntó contra los magistrados: “Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular”.

El fallo que desató la protesta

El pasado 29 de septiembre, la Corte revocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del Art. 154 del DNU 70/23, mediante el cual el gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El tribunal consideró que la entidad que promovió la demanda, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Integración de la Comunidad contra el Poder Ejecutivo Nacional, “carecía de legitimación” bajo la idea de que la soberanía nacional es un bien colectivo.

En ese marco, Aguiar calificó la decisión como “el fallo más entreguista de los últimos 150 años”, ya que los jueces “firmaron la entrega de todo el territorio nacional”. Y agregó: “Les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas”.

Qué implica la derogación

La derogación dejó al país a disposición de los magnates extranjeros. La consecuencia directa de este fallo, como explicó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, es que hoy “cualquier persona física o jurídica extranjera o cualquier Estado extranjero pueden comprar toda la tierra rural a donde quieran -incluida las zonas de frontera- sin límite alguno”.

La respuesta de la Corte

Horas después de que se conociera el fallo, la Corte Suprema de Justicia intentó despegarse de la decisión mediante un comunicado a la prensa en el que denuncia ser víctima de “descalificación” y “odio”. “En el caso sólo se decidió un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar, y se ajusta estrictamente a todos los precedentes de esta Corte Suprema. La sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales”, indicaron.

En el texto compartido, los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti señalaron que el fallo “tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente”. Y añadieron que los “grupos de interés” que presionan sobre el tema también pueden recurrir al reclamo judicial, siendo que “en una democracia es más adecuado que la promoción de discursos de odio y descalificación en redes sociales”.

Por otro lado, la Corte Suprema sostuvo que la sentencia no obstaculiza la función del Congreso de la Nación para el tratamiento de este aspecto particular del DNU de Milei, ya rechazado por el Senado en marzo del 2024. Por eso, continuaron, todo quedará en manos de la Cámara de Diputados que ya se encuentra examinando el texto. “La controversia referida a la ley de tierras (...), no ha sido resuelta en este caso”, apuntaron.