El gremio judicial acusa a Frigerio de pagar «en negro» a docentes y deja a jubilados con la mano abierta
La AJER acusa a Frigerio de pagar aumentos «en negro» a docentes y advierte que esos montos no llegan a los jubilados judiciales. El gremio calificó la medida de inconstitucional y denunció un doble perjuicio para los pasivos. ¿Qué dice la Constitución provincial?
La AJER, el gremio que nuclea a los trabajadores judiciales de Entre Ríos, apuntó directamente contra el gobernador Rogelio Frigerio por los aumentos otorgados al sector docente. Según la entidad, esos incrementos se pagan «en negro» y no se trasladan a los jubilados judiciales, lo que profundiza el perjuicio sobre los pasivos.
El conflicto por los haberes volvió al centro de la escena provincial. La asociación rechaza los aumentos no remunerativos porque, a su entender, esos pagos no están sujetos a aportes y contribuciones, lo que contradice el artículo 82, inciso d, de la Constitución de Entre Ríos. Ese artículo establece que «todo incremento salarial, otorgado a partir de la presente Constitución, deberá estar sujeto a aportes y contribuciones».
Los montos bajo la lupa
Las sumas cuestionadas son varias: el incentivo docente y conectividad oscila entre $200.000 y $340.000; hay otros $50.000 por antigüedad superior a diez años; y $90.000 por la diferencia hasta el mínimo salarial. Para la AJER, la objeción no pasa solo por las cifras, sino por la naturaleza de los conceptos: al no estar sujetos a aportes, no impactan en los ingresos de los pasivos.
El gremio judicial sostiene que la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial dejó a los aumentos docentes como única referencia para la movilidad de los haberes jubilatorios. Sin embargo, como se trata de conceptos no remunerativos, esos incrementos no se trasladan a los jubilados. La AJER describe la situación como un doble perjuicio para los jubilados judiciales: no reciben los aumentos y, además, pierden la movilidad vinculada a los cargos que alcanzaron durante su carrera y sobre los cuales hicieron aportes.
Un problema de dos puntas
En concreto, el gremio plantea que los jubilados judiciales enfrentan un problema de dos puntas: por un lado, la pérdida de la movilidad atada a los cargos jerárquicos que ocuparon y por los que aportaron; por el otro, la ausencia de los incrementos que el Gobierno paga «en negro» a los docentes.
La queja de la AJER no se limita a los jubilados judiciales: alcanza a todos los jubilados provinciales, porque la entidad sostiene que esos conceptos no llegan a sus haberes. Según su planteo, la medida profundiza el perjuicio sobre quienes ya no están en actividad pero siguen dependiendo de la movilidad de esos ingresos.
Finalmente, la asociación calificó la decisión de Frigerio como «inconstitucional, injusta e insensible» y expresó su rechazo a una medida que, según su comunicado, agrava la situación de los jubilados judiciales.