El Sitraj rechazó el Presupuesto 2027 y advirtió que las Defensorías Públicas siguen sin personal, sin ascensos y con edificios en mal estado. La Legislatura empieza a tratarlo la semana que viene.
El Sindicato de Trabajadores Judiciales de La Pampa (Sitraj) rechazó el proyecto de Presupuesto provincial 2027 y se declaró en estado de alerta con asambleas permanentes. La iniciativa, que empezará a discutirse la semana próxima en la Legislatura, no cubre —según el gremio— lo que necesitan las Defensorías Públicas para funcionar y pagar salarios.
La postura quedó plasmada en un comunicado de la comisión directiva, donde el sindicato advirtió que las demandas del sector siguen sin respuesta. “Es necesario aclarar que las demandas de las y los trabajadores no están resueltas”, señalaron.
Qué reclama el Sitraj
El gremio enumeró los problemas que arrastra el área y que, a su juicio, el proyecto no contempla:
— No hay concursos de ascenso que permitan al personal desarrollarse y crecer en su carrera.
— Sigue faltando personal, con la consiguiente sobrecarga de tareas para quienes sostienen el servicio.
— La infraestructura edilicia presenta condiciones inadecuadas y espacios que no garantizan un ámbito de trabajo digno.
— No existen bonificaciones que reconozcan las tareas, responsabilidades y funciones que cumplen los trabajadores.
— No hay respuestas concretas a los reclamos históricos del sector.
“Una realidad parcial”
Para el Sitraj, resulta preocupante que se intente instalar públicamente la idea de que las demandas de las Defensorías ya fueron atendidas. “La realidad de las y los trabajadores demuestra exactamente lo contrario”, afirmaron.
En ese sentido, pusieron en duda la viabilidad de las nuevas dependencias previstas: “La creación de nuevas dependencias puede ser necesaria, pero cabe preguntarse: ¿con qué personal van a funcionar?, ¿con qué recursos?, ¿en qué condiciones edilicias?, ¿qué políticas de jerarquización y reconocimiento laboral se van a implementar?”.
La equiparación salarial de los Defensores y la apertura de nuevas oficinas, sostuvieron, no pueden presentarse como “una solución integral a una problemática que continúa vigente” y que afecta las condiciones laborales de quienes garantizan el acceso a la Justicia.
El malestar con los autores del proyecto
La comisión directiva apuntó contra quienes elaboraron la iniciativa. “Es aún más grave que quienes elaboraron el proyecto vuelvan a desoír a los trabajadores”, sostuvo.
Y agregó: “Las decisiones no pueden tomarse de espaldas a quienes conocen de primera mano las necesidades, las dificultades y las deficiencias del funcionamiento cotidiano de las Defensorías”.
Para el gremio, las soluciones deben construirse con los trabajadores: “Escuchando sus reclamos y garantizando su participación en cada decisión que afecta sus condiciones laborales. No alcanza con anuncios presupuestarios ni con titulares que muestran una realidad parcial”, cerró el sindicato.
