El gremio judicial pide que el juez Díaz Lacava no se cruce con quienes lo denunciaron

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó este lunes un pedido urgente ante el Consejo de la Magistratura para que, cuando el juez federal de La Pampa Pablo Díaz Lacava regrese al Tribunal Oral Federal (TOF), no tenga contacto con los trabajadores que lo denunciaron. La solicitud busca evitar que el magistrado, que fue absuelto en el jury, vuelva a tener relación jerárquica, funcional o cotidiana con ellos mientras se realiza una evaluación de riesgo institucional.

El escrito, firmado por el secretario general del gremio, Julio Piumato, y por los 13 denunciantes, pide medidas urgentes para que el reintegro del juez no implique una convivencia forzada con quienes lo acusaron. Piumato explicó que la medida es necesaria para "asegurar la tutela de las personas trabajadoras víctimas que fueron denunciantes, dado que ante el rechazo de la remoción del magistrado, deberán volver a convivir laboralmente".

Los denunciantes son Ricardo Javier Sequeira; Bárbara Medwid; Christian Sebastián Arroyo; Luciano Sebastián Pellejero; Griselda Marina Ponce; Yanina Caldentey; Erika Evelina Savluk; Alina Trento; Marina Bonafe; Norma Martínez; Gabriel Horacio Marino; Valeria Cristina Benavides y María Cecilia Dittler. Todos prestaron su consentimiento expreso para que la UEJN los represente en esta instancia.

Qué pide el gremio

El reclamo central es que "se adopten, con carácter urgente, dentro de las competencias propias del Consejo, o se promuevan ante la autoridad competente medidas inmediatas que impidan que el reintegro produzca contacto jerárquico, funcional o cotidiano directo entre el magistrado y las personas denunciantes mientras se realiza una evaluación de riesgo institucional independiente".

Además, exigen que ninguna medida de protección se convierta en un traslado compulsivo, pérdida de funciones, menoscabo de carrera o desplazamiento de la carga hacia quienes denunciaron. También piden que intervengan los organismos de bienestar laboral, derechos humanos, género y superintendencia que correspondan.

El gremio dejó asentada su objeción federal y convencional, y advirtió que podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluyendo la posibilidad de pedir medidas cautelares ante la Comisión Interamericana.

Hechos graves y acreditados

Los trabajadores, asistidos por el sindicato, sostienen que el sistema constitucional debería revisar una decisión que, habiendo tenido por acreditados hechos graves, modificó su significación jurídica con parámetros que las normas protectorias no exigen. Consideran que la violencia, el acoso y la intimidación que se probaron dentro de una dependencia judicial "no pueden degradarlos, por ese solo dato, a una mera fricción, desavenencia, problema de convivencia o infracción de superintendencia".

También cuestionan que el trato correcto que un juez mantenga con pares, litigantes o funcionarios externos no neutraliza las conductas que tuvo con personas subordinadas. Y se preguntan si el mensaje institucional es que la violencia "puertas adentro" pesa menos mientras la imagen externa y la calidad técnica del magistrado permanezcan intactas.

Riesgo de revictimización

El gremio plantea cómo se compatibiliza la orden de reintegro con los deberes de protección hacia las víctimas, y alerta sobre el riesgo de revictimización si no se adoptan medidas de no contacto y no subordinación. Piumato reclama "medidas institucionales para evitar subordinación jerárquica directa, contacto funcional forzado o exposición cotidiana entre el magistrado reintegrado y las personas denunciantes mientras se realiza una evaluación independiente de riesgo".

También pide que se garantice que las medidas de protección no recaigan sobre las víctimas mediante traslados, pérdida de funciones, afectación salarial o cualquier forma de represalia. Y solicita una evaluación de riesgo psicosocial independiente y un plan de retorno laboral seguro, con participación de los afectados.

El líder sindical concluyó: "No puede existir un derecho a una vida y un trabajo libres de violencia para quienes acuden a los tribunales y un derecho disminuido para quienes trabajan dentro de ellos. La fortaleza institucional no se mide por la capacidad de proteger al más poderoso de toda consecuencia; se mide por la capacidad de asegurar que el poder no reduzca los derechos de quienes se encuentran en una posición más débil".