El gremio que conduce Fátima Gutiérrez confirmó que no levantará el paro y que llevará a la Justicia los descuentos por asambleas. Qué dijo sobre la nueva ministra del Superior Tribunal y las denuncias que pesan sobre un funcionario clave.
La Asociación Judicial de Formosa confirmó que el conflicto con el Superior Tribunal de Justicia sigue sin respuestas y que avanzará con presentaciones administrativas y judiciales. La secretaria general del gremio, Fátima Gutiérrez, explicó los motivos del paro general que sostiene el sector y cuestionó las resoluciones del máximo tribunal sobre descuentos salariales por medidas de fuerza y asambleas.
En diálogo con el programa radial “Algo Está Pasando”, que se emite por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO, la dirigente sostuvo que el conflicto continúa sin respuestas concretas. También se refirió a las denuncias por violencia laboral, los traslados de personal y la reciente designación de una nueva integrante del Superior Tribunal provincial.
Presentaciones judiciales contra los descuentos
Gutiérrez señaló que el paro general responde a una nueva resolución del Superior Tribunal que establece descuentos salariales a quienes participan de las medidas de fuerza. En ese marco, adelantó que la organización prepara un recurso y una medida cautelar para cuestionar los fundamentos de esa decisión.
“La lucha gremial va en paralelo con la vía jurídica. No se trata solamente de hacer paros o movilizaciones: también presentamos notas, recursos y todos los reclamos escritos que corresponden”, explicó.
La secretaria general sostuvo que las medidas de fuerza son consecuencia de la falta de respuestas a los planteos del sector y remarcó que la organización no modificará su postura frente a las presiones.
“Si tuviéramos una respuesta, aunque fuera parcial, a lo que estamos pidiendo, no estaríamos en la calle en este momento”, afirmó.
Asimismo, reconoció que los descuentos salariales generan preocupación entre los trabajadores, aunque aseguró que el gremio mantiene su organización y continuidad en las medidas.
Cuestionamientos a los descuentos por asambleas
Otro de los puntos que generó malestar en la Asociación Judicial es la decisión de descontar también las horas destinadas a las asambleas deliberativas, reuniones en las que los trabajadores definen cómo continuar con los reclamos.
Según explicó Gutiérrez, el Superior Tribunal fundamentó esa disposición en supuestas molestias ocasionadas a las personas que concurren a las dependencias judiciales y en presuntas dificultades para acceder a las oficinas.
La secretaria general rechazó esos argumentos y aseguró que durante las asambleas se respeta a quienes deciden continuar trabajando o no adherir a las medidas gremiales.
“Nosotros respetamos el derecho del compañero o la compañera que no quiere estar en la asamblea, que no quiere ir al paro o que adhiere parcialmente. No estamos ejerciendo ningún tipo de presión sobre nuestros compañeros”, manifestó.
En ese contexto, advirtió que los descuentos no harán retroceder al sindicato y sostuvo que las decisiones del máximo tribunal buscan limitar la protesta.
“No nos van a amedrentar. No vamos a salir de la calle. Lo que pretenden es silenciar el reclamo, pero las asambleas se van a seguir realizando”, expresó.
Denuncias por violencia laboral y recursos humanos
Durante la entrevista, Gutiérrez también cuestionó la designación del doctor Juan Carlos Miranda, jefe de Intendencia, como responsable de la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial.
La dirigente recordó que sobre el funcionario existen denuncias por presunta violencia laboral y consideró preocupante que quede al frente de un área que administra los legajos, las licencias, las notas y los traslados del personal.
“Estamos hablando de una persona que tiene reiteradas denuncias por violencia laboral y que ahora queda a cargo de una oficina desde la cual se controlan cuestiones fundamentales para los trabajadores”, señaló.
También vinculó esta situación con las facultades de traslado de agentes que, según indicó, fueron convalidadas por la Cámara de Diputados, lo que genera inquietud dentro del sector judicial.
La nueva integrante del Superior Tribunal
Consultada sobre la reciente designación de la sobrina del gobernador como ministra del Superior Tribunal de Justicia, Gutiérrez indicó que la comisión directiva todavía no había debatido formalmente el tema.
Sin embargo, adelantó que será uno de los puntos de análisis en la próxima actividad gremial, prevista para el jueves 26, luego del feriado.
La dirigente manifestó que espera que la incorporación de una nueva integrante del máximo tribunal pueda contribuir a encontrar una salida al conflicto.
“Queremos ser optimistas y pensar que la llegada de otra persona puede servir de nexo para que nuestro gobernador ponga paño frío a esta situación y actúe como mediador”, sostuvo.
Además, mencionó que la organización presentó proyectos vinculados al presupuesto judicial para 2027 y que buscará conocer si las previsiones económicas contemplan alguna respuesta a los reclamos que vienen sosteniendo los trabajadores.
El reclamo por la falta de agua en el Tribunal de Familia
Otro episodio que generó cuestionamientos fue la respuesta del Superior Tribunal a un pedido relacionado con la provisión de agua para el Tribunal de Familia.
Gutiérrez consideró innecesario que una solicitud de esas características fuera expuesta públicamente y señaló que se trata de una dependencia que enfrenta una importante carga de trabajo.
“Me parece absolutamente innecesario que se trate en una reunión del Superior Tribunal y que después se publique en el portal del Poder Judicial que no tienen plata para pagar el agua”, cuestionó.
En ese sentido, contrastó la respuesta institucional con los aumentos salariales otorgados a los integrantes del máximo tribunal y sostuvo que la situación refleja las dificultades que atraviesa el funcionamiento cotidiano de distintas dependencias.
Finalmente, Gutiérrez reiteró que la Asociación Judicial continuará con las presentaciones legales y las acciones gremiales hasta obtener respuestas a sus demandas, en un conflicto que mantiene enfrentados a los trabajadores con las autoridades del Poder Judicial provincial.