El gremio que dijo basta: rechazo total a traslados y apuntan a la estructura política

La Asociación del Personal y Empleados Legislativos (APEL) salió al cruce de la decisión de la Presidencia de la Cámara de Diputados de Santa Cruz de reubicar trabajadores en el anexo de calle Pellegrini 175. El sindicato calificó la medida de “inconsulta” y denunció que el verdadero problema es el crecimiento de cargos políticos.

En un comunicado firmado por su secretario general, David Catrihuala, el gremio expresó su “rechazo absoluto” a las cédulas de notificación enviadas por la Dirección de Recursos Humanos, que ordenan el traslado de empleados de planta permanente al edificio de Pellegrini 175.

¿Qué argumenta la Cámara de Diputados?

Desde el organismo justificaron la reorganización señalando la necesidad de “reducir la concentración de personal” y “mejorar las condiciones laborales”. Sin embargo, APEL consideró que se trata de una “falacia insostenible”.

“La patronal intenta justificar esta medida bajo el pretexto de una supuesta 'aglomeración de personal' y la búsqueda de 'mejorar las calidades laborales'. Una falacia insostenible y una falta de respeto absoluta a la inteligencia de los trabajadores legislativos”, expresó el gremio.

El verdadero blanco: la estructura política

Uno de los puntos más duros del comunicado apuntó directamente al crecimiento de la estructura política dentro del Poder Legislativo. Según APEL, mientras se traslada a trabajadores de carrera, se siguen creando cargos jerárquicos y dependencias administrativas.

“La superpoblación y el colapso de las oficinas no nacen de los trabajadores de carrera, sino de la desmedida e injustificada proliferación de cargos políticos y estructuras jerárquicas superfluas que responden al manejo discrecional de la Presidencia”, sostiene el texto.

Para el gremio, el problema edilicio no se resolverá moviendo empleados, sino revisando la estructura política de la Cámara.

Estabilidad laboral en juego

APEL también cuestionó la legalidad de las notificaciones y exigió que cualquier cambio en las condiciones laborales se realice respetando la normativa vigente. “Rechazamos de plano las notificaciones compulsivas por carecer de un acto administrativo legal, transparente y debidamente fundamentado”, indicó el sindicato.

Además, reclamaron el respeto de la estabilidad laboral amparada por la Ley Provincial N.º 1958 y los procedimientos de negociación establecidos por la Ley N.º 3021. El gremio ratificó el estado de alerta.

“Nos mantenemos firmes y unidos en defensa de nuestros compañeros y de la dignidad de nuestra labor legislativa. El espacio de los trabajadores se respeta, y los traslados arbitrarios no pasarán por encima de nuestros derechos”, concluyó Catrihuala.