El gremio que pidió cambios en la ley digital de Entre Ríos y la respuesta que aún espera

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se metió de lleno en el debate por la ley de Transformación e Innovación Digital de Entre Ríos y presentó una serie de propuestas para que los derechos de los trabajadores estatales queden blindados. Hasta ahora, según señaló el sindicato, no obtuvo respuesta de los legisladores.

La participación de UPCN se dio en el marco del debate en comisión de la Cámara de Diputados, donde un equipo integrado por la secretaria adjunta Carina Domínguez, la integrante de la comisión directiva Pamela Encina y la asesora Sandra Varas expuso las inquietudes del sector ante el posible tratamiento de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial.

Los ejes del reclamo

El primer punto que planteó el gremio es la necesidad de que la ley contemple una progresividad en la implementación de la transformación del Estado. La idea es que ese proceso no avasalle los derechos adquiridos.

Para eso, UPCN propuso incorporar un nuevo capítulo que garantice “una transición digital justa y ordenada para los trabajadores del Estado Provincial”. En ese texto se remarca que esa transición “no podrá ir en desmedro de ninguno de los derechos y garantías que amparan a los empleados”, tomando como referencia la Ley 9755 y su modificatoria 9811, hasta que se firme un Convenio Colectivo de Trabajo.

Otro de los puntos que el sindicato quiere dejar por escrito es que cualquier modificación en la organización, las funciones o las condiciones laborales deberá discutirse y acordarse previamente con las organizaciones gremiales. La propuesta establece que “cuando sea necesario modificar y fijar nuevas pautas respecto a la Organización, Funciones, condiciones de trabajo, o cualquier tipo de transformaciones sustanciales de la relación laboral, las mismas deberán previamente discutirse y acordarse con las Organizaciones Gremiales representantes de los Trabajadores”.

Brecha digital y capacitación

UPCN también puso el foco en quienes pueden quedar afuera del proceso digital. Por eso pidió garantizar “la asistencia humana en todas las instancias” y el acceso a canales alternativos para quienes no puedan usar medios digitales, con el objetivo de “evitar la pérdida de derechos como consecuencia de la brecha digital”.

En materia de formación, el capítulo redactado por el gremio sostiene que “el Estado garantiza el derecho a la Capacitación, reconvención y participación activa de los empleados públicos en las diferentes etapas de implementación, desarrollo y ejecución, suministrando todas las herramientas digitales y tecnológicas para su profesionalización”. Además, se establece que se “determinará grados de responsabilidades en relación a la función que cada empleado deba desempeñar con el consecuente reconocimiento salarial que dicha responsabilidad conlleva”.

Ética e inteligencia artificial

El sindicato también propuso ampliar el Artículo 12° del proyecto, que se refiere a los “Principios éticos y garantías para el uso responsable de tecnologías e inteligencia artificial”. La intención es que la definición sea más abarcativa.En la misma línea, UPCN instó a crear un “Órgano de Supervisión Ética y Control de Tecnologías Digitales e Inteligencia Artificial”, un nuevo punto dentro del articulado que apunta a monitorear el uso de estas herramientas en el Estado.

Hasta el momento, según lo que manifestó el propio sindicato, las propuestas fueron presentadas pero no han tenido respuesta por parte de los legisladores que tratan la iniciativa.