El grupo constructor de la familia Razzini sumó una causa penal y la diputada debió presentarse en Tribunales

El Grupo Razzini, el conglomerado de la construcción con base en Rosario que pertenece a la familia de la diputada nacional santafesina Verónica Razzini, acumula un nuevo frente judicial: una causa penal por la falta de escrituración de departamentos que ya tiene a un inversor como querellante.

La firma atraviesa desde hace tiempo dificultades económicas y financieras. Desde julio del año pasado se encuentra en concurso preventivo de acreedores, trámite que corre en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 8ª de Rosario, a cargo de Luciano Daniel Juárez.

La empresa está integrada por cuatro unidades de negocios: Hormigones Ricci SA, Razzini Materiales SRL, Razzini Industrial SRL y Almacén de Obras.com SA. Según el artículo original, la diputada está alejada de la conducción de la firma desde que ingresó a la política.

Qué denuncia el inversor

El denunciante y ahora querellante es Osvaldo Darragona, un inversor que acusa incumplimientos en la escrituración de unidades de departamentos vinculadas al holding. Su representante legal es la abogada Guillermina Fruci.

Darragona sostiene que firmó un contrato de compraventa con Nelson Razzini por seis unidades inmobiliarias desarrolladas por terceros relacionados comercialmente con el grupo familiar.

La defensa de la familia Razzini, encabezada por el abogado Pablo Salvatori, admitió los incumplimientos pero negó que se trate de una maniobra delictiva: los atribuyó a las mismas dificultades económicas que derivaron en el concurso preventivo.

Según los abogados de la firma, el acuerdo tenía fecha límite para completar las escrituraciones el 7 de julio de 2025. Al momento de transferir la titularidad de los departamentos, la mitad no pudo escriturarse y el resto quedó pendiente. En ese contexto, explicaron, el holding entró en concurso de acreedores.

La querella rechaza esa explicación. Argumenta que existió una maniobra deliberada para obtener dinero mediante la comercialización de inmuebles que los vendedores sabían que no estaban en condiciones de transferir. Según la versión del entorno de Darragona, los desarrolladores de los inmuebles le confiaron al denunciante que dudaban de la capacidad de los Razzini para concretar las transferencias, entre otras cosas por pagos pendientes. Por eso hablan de un «ardid»: firmaron el contrato a sabiendas de que no lo iban a poder honrar.

La causa penal y la audiencia

El caso es investigado por el fiscal Gastón Dalmau. Hasta ahora no hay imputación formal. El juez Juan Ignacio Gasparini habilitó a Darragona para que intervenga en el expediente como querellante.

El nuevo frente judicial obligó a la legisladora —electa por Juntos por el Cambio pero cercana al espacio libertario— a asistir el jueves pasado al Centro de Justicia Penal de Rosario para una audiencia.

De la cruzada antibloqueo al concurso

Verónica Razzini creó en 2021 el llamado «Movimiento Empresarial Antibloqueo», como respuesta a un duro conflicto con camioneros que a su vez desafiaban la conducción nacional de los Moyano. Lo hizo con el aval de la ahora senadora nacional Patricia Bullrich y de la actual senadora bonaerense Florencia Arietto.

El grupo del que surgió esa movida acumuló luego una deuda superior a los 500 millones de pesos en cheques rechazados por falta de fondos. Los damnificados aseguran que fue consecuencia de un plan de expansión comercial ambicioso sin el respaldo económico adecuado. Todo eso derivó en el pedido de concurso de acreedores.

Ahora, el representante legal del consorcio en el frente penal es el mismo que el del movimiento antisindical: Pablo Salvatori. El penalista fue uno de los asesores de los Razzini en la cruzada contra el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, conducido por Sergio Aladio. Un conflicto que resonó por los bloqueos a instalaciones de empresas y que, en paralelo, proyectó la figura de la después diputada.

Para Salvatori no hay delito en la falta de escrituración de los departamentos. Cuestionó además al denunciante por no incluirse en el concurso si se consideraba acreedor y por litigar en el fuero penal cuando, según su criterio, debería haberlo hecho en el civil.

El abogado remitió a los desarrolladores de los departamentos la decisión de postergar las escrituraciones reclamadas por la querella, en función de deudas que le reclamaban a la familia por, entre otras cosas, la provisión de materiales de construcción.