El grupo de Tucumán que la Justicia Federal vincula con el lavado de US$14 millones del Comando Vermelho

La Justicia Federal de Tucumán investiga a cuatro personas acusadas de lavar más de US$14 millones presuntamente vinculados al Comando Vermelho, una de las organizaciones narcocriminales más poderosas de Brasil. Los imputados, que ya declararon, niegan haber conocido el origen ilícito de los fondos.

El juez federal José Manuel Díaz Vélez deberá resolver la situación procesal de Mauricio Alejandro Córdoba, de 28 años; Francisco Alejandro Aragón, también de 28; y sus respectivas madres, Elisa Torres Toledo y Alejandra Agüero. Los cuatro permanecen detenidos mientras avanza la causa.

¿Cómo comenzó la investigación?

La pesquisa se inició hace casi cuatro años, cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) detectó movimientos sospechosos entre personas radicadas en distintos puntos del país. El reporte fue derivado a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que identificó operaciones destinadas a introducir dinero ilegal en el sistema financiero.

Según la hipótesis fiscal, Marcelo Clayton Alves de Sousa, señalado como responsable financiero de la estructura, se instaló en Argentina para lavar dinero del Comando Vermelho proveniente de narcotráfico, tráfico de armas, secuestros extorsivos y otros delitos. Alves de Sousa permanece prófugo.

El grupo de WhatsApp y las criptomonedas

Los investigadores sostienen que en diciembre de 2022 Alves de Sousa creó un grupo de WhatsApp llamado “Cuenta Arg verificados”. Bajo el alias “Sakamoto”, habría dado instrucciones a personas reclutadas para operar con activos virtuales. La estructura habría movilizado alrededor de US$500 millones en compra y venta de criptomonedas.

Los integrantes convertían los activos digitales en fondos con apariencia lícita mediante transacciones, que luego eran transferidos a cuentas propias o de terceros y finalmente enviados a Alves de Sousa. A cambio, recibían una comisión cuyo monto aún no se determinó.

El rol de los tucumanos

Tras más de tres años de investigación, se identificó a los cuatro sospechosos de Tucumán. El fiscal federal Agustín Chit abrió una causa paralela y concluyó que Córdoba, Aragón, Torres Toledo y Agüero habrían participado en la estructura local. La Fiscalía estima que entre marzo de 2021 y marzo de 2023 introdujeron más de US$14 millones en el circuito financiero.

Córdoba y Aragón habrían recibido criptomonedas de billeteras controladas por la organización brasileña y actuado como operadores técnicos. La maniobra consistía en vender esos activos a terceros, quienes depositaban pesos en cuentas bancarias o billeteras virtuales administradas por los imputados. Luego, el dinero se fraccionaba y redistribuía.

Para las operaciones se utilizaron plataformas de intercambio de criptoactivos, billeteras digitales y cuentas bancarias a nombre de los investigados o de terceros vinculados. La acusación sostiene que la organización funcionaba de manera estable y coordinada para ocultar el origen de los fondos.

En el caso de Torres Toledo y Agüero, la Fiscalía afirma que prestaron sus nombres para abrir cuentas utilizadas en la operatoria. Personas allegadas a ambas aseguraron que desconocían esos movimientos.

Medidas cautelares y allanamientos

En febrero, Chit solicitó medidas cautelares sobre bienes identificados. El juez ordenó congelar US$208.693, depositados en una cuenta del Banco Nación, y restricciones sobre ocho participaciones societarias (siete en el extranjero), cuatro vehículos, unos 50 productos bancarios y 10 inmuebles, varios fuera del país.

Tras reunir nuevos indicios, se ejecutaron allanamientos en los últimos días por efectivos de la División Antilavado de la Policía Federal. Tres acusados fueron detenidos; el cuarto se presentó espontáneamente al conocer la orden de captura. Se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación para analizar.

Durante las indagatorias, los cuatro imputados rechazaron haber conocido el origen criminal de los fondos. Reconocieron realizar transacciones con criptomonedas, pero negaron haber actuado deliberadamente para el Comando Vermelho.

El juez Díaz Vélez deberá definir si procesa a los acusados, dicta su falta de mérito o dispone su sobreseimiento, según las pruebas y los descargos presentados.