El hackeo al legajo de Weretilneck quedó sin culpables: quién puede reabrir la causa

La filtración informática que expuso recibos de sueldo del gabinete provincial, incluido el del gobernador Alberto Weretilneck, no tendrá persecución penal. La Justicia archivó el expediente por una cuestión procesal y ahora el futuro judicial del caso queda en manos del propio mandatario.

El juez Adrián Dvorzak rechazó por inadmisible un recurso de la fiscal Yanina Estela Passarelli, que cuestionaba una resolución previa donde el magistrado había encuadrado la causa como delito de acción privada. Esa decisión deja firme el criterio original y clausura la instancia penal.

Según trascendió, la Fiscalía desistiría del recurso de queja para insistir con su participación en la investigación, lo que confirmaría el cierre del expediente. En el expediente hay un acusado, pero la Justicia no permite identificar a esa persona.

Qué argumentó el juez para archivar

Dvorzak declaró «la inadmisibilidad formal» del planteo de la fiscal y sostuvo que las críticas se limitaron a «aspectos subjetivos de la decisión tomada». Para el magistrado, no hubo argumentos suficientes para demostrar una afectación concreta de derechos ni la arbitrariedad de la resolución.

En su postura, el juez no avanzó en la existencia del acceso ilegal al sistema informático de Casa de Gobierno ni en la determinación de responsabilidades. Su análisis se concentró exclusivamente en lo procesal.

Dvorzak había interpretado que los artículos 153 bis y 157 bis del Código Penal —vinculados con el acceso no autorizado a sistemas informáticos y a datos personales— quedaban comprendidos dentro de las figuras de violación de secretos y privacidad. Por esa razón, entendió que requerían la iniciativa del afectado.

La Fiscalía había cuestionado esa interpretación y sostenido que esos delitos son de acción pública. Ahora, el juez recepcionó la impugnación pero la consideró insuficiente.

Cómo se conoció la filtración

El hecho ocurrió a fines de junio y salió a la luz cuando parte del legajo del mandatario —su recibo salarial— apareció en dependencias de Casa de Gobierno.

Frente a la filtración, Weretilneck convocó a personal de Altec para conocer lo ocurrido y luego se formalizó una denuncia penal por «hackeo», con la identificación del supuesto responsable, un agente público.

En su requerimiento, el gobierno provincial encuadró lo denunciado en los delitos de «acceso ilegítimo a sistemas informáticos» (artículo 153 bis), con penas de 15 días a un año, y «acceso ilegítimo a bancos de datos personales» (artículo 157 bis). Además, consideró que la conducta podría encuadrarse en el delito de peculado (artículo 260).

En la gacetilla de entonces, el gobierno informó que se trató de una «filtración de información reservada de sus sistemas informáticos» y reconoció el acceso a «recibos de sueldos de integrantes del Ejecutivo, entre ellos, el propio gobernador».

Se indicó que la intervención de Altec permitió «determinar cuál fue el equipo informático» usado y que el mismo fue retirado por la empresa.

Simultáneamente, la actuación de Altec derivó en versiones erróneas y «fake news» de fuerte impacto, a partir de publicaciones que indicaban que una delegación de la Justicia Federal había retirado una computadora de Weretilneck en Casa de Gobierno y se lo vinculaba con la causa penal de la AFA.

Con el archivo del expediente, la investigación y el eventual esclarecimiento de la filtración no tendrán persecución penal. Un nuevo proceso judicial dependerá de si el gobernador Weretilneck acciona como afectado particular.