El hermano de su ministra de Seguridad: el ascenso que Poggi no quiere explicar

Néstor Omar Sosa, hermano de la ministra de Seguridad Nancy Sosa, figura dos veces en la misma resolución de ascensos policiales, pese a haber sido retirado obligatoriamente en 2023. El gobernador Claudio Poggi sostiene la bandera de "no más dedo ni discrecionalidad", pero el documento oficial pone esa promesa en entredicho.

La Resolución 730-JP-2026 incluye a Sosa en dos tramos consecutivos del mismo proceso: primero como Cabo para pasar a Cabo Primero, y luego como Cabo Primero para ascender a Sargento. El artículo 29 de la Ley XV-0982-2017 establece que los ascensos ordinarios deben producirse "indefectiblemente al grado inmediato superior", por lo que la doble promoción configura una irregularidad administrativa sin explicación formal.

Retiro obligatorio y reaparición en la fuerza

El antecedente de Sosa ya presentaba inconsistencias. En diciembre de 2022, una Junta Médica Policial determinó que no estaba en condiciones de desempeñar funciones ni de reintegrarse al servicio. Su retiro obligatorio se dispuso mediante el Decreto 4176-MS-2023. Tres años después, su nombre vuelve a aparecer en un proceso de ascensos como si revistara como Cabo.

El acto que formalizó su ascenso a Sargento lo encuadró en los artículos 27, 28 y 29 de la ley provincial y en el Decreto Reglamentario 3053-MS-2019. Sin embargo, la resolución lo ubica en dos promociones consecutivas dentro del mismo trámite, algo que excede un simple error de transcripción.

Beneficio económico y antecedentes

Durante 2025, el Gobierno de San Luis aprobó a favor de Sosa un beneficio de $3.925.088,92 en el marco del programa Mi Próximo Paso – Segunda Edición, destinado a un emprendimiento de servicios de electricidad en Merlo.

El episodio se suma a otros cuestionamientos sobre la estructura estatal. El diputado nacional de Unión por la Patria, Ernesto Alí, señaló que San Luis cuenta con 23 ministerios y secretarías con rango ministerial para unos 540.000 habitantes, además de unos 30 organismos estatales. Denunció la existencia de "contratos fuera de escala" que funcionarían como "funcionarios encubiertos" y cuestionó la presencia de familiares del gobernador en la administración.

Entre los casos mencionados aparecen María Victoria Poggi, hija del mandatario, subdirectora de Personas Jurídicas, y Sandra Correa, esposa del gobernador, asesora ad honorem. Alí también reclamó mayor información pública sobre la cantidad total de funcionarios y contratados para evaluar si la reducción de ministerios implica un achicamiento real del Estado. "Una cosa es cambiar figuritas de lugar, y otra cosa es hacer un recorte", sostuvo.

El Destape se comunicó con el Ministerio de Seguridad de San Luis para obtener respuestas sobre la situación de Sosa, pero no obtuvo respuesta al momento de la publicación.