El hijo de Norma Acosta, preso por borrar chats del celular que ya estaba en manos de la Policía Federal
El hijo de Norma Acosta quedó detenido tras borrar chats del celular de su madre mientras estaba en manos de la Policía Federal. ¿Qué conversaciones eliminaron y con quién?
El hijo de la activista Norma Acosta quedó detenido el pasado viernes acusado de haber participado en maniobras para eliminar conversaciones de WhatsApp desde el teléfono que su madre tenía secuestrado en una causa judicial. Según la investigación, todo ocurrió mientras el dispositivo estaba bajo custodia de la Policía Federal para ser peritado.
La acusación del fiscal Pablo Socca contra Sergio L. (33) se formalizó en el Centro de Justicia Penal ante el juez Lisandro Artacho. Se le imputó el delito de violación de sellos y documentos por sustracción e inutilización de objetos custodiados, y quedó en prisión preventiva efectiva por 30 días.
El caso se enmarca en una investigación mayor: Norma Acosta está detenida por planificar una balacera contra su propia casa en barrio Tablada. Según la hipótesis fiscal, ideó un ataque con gatilleros vinculados a la barra brava de Newell’s y Los Monos para hacer creer que provenía de sectores policiales que ella había denunciado por corrupción.
¿Cómo fue la maniobra de borrado?
Según la fiscalía, la operación se ejecutó el 21 de mayo del año pasado, el mismo día en que Norma Acosta recuperó la libertad tras una causa por falso testimonio. Al salir de Asuntos Internos, la mujer fue a una sucursal de Personal en Rosario y denunció falsamente el extravío de su teléfono para obtener una nueva tarjeta SIM.
Luego se encontró con su hijo en un domicilio de la zona sur de Rosario. Allí, según la hipótesis, colocaron la nueva SIM en otro teléfono y reactivaron la cuenta de WhatsApp usando la cuenta de Gmail vinculada al dispositivo secuestrado. A partir de ese momento, comenzaron a eliminar de manera remota chats, imágenes y archivos seleccionados del teléfono que estaba bajo custodia judicial.
En la audiencia se mencionó que eliminaron conversaciones con terceros y también con funcionarios públicos. Se presume que serían chats con personas del ámbito judicial y con un legislador nacional que no es de Santa Fe.
La defensa del imputado no logró evitar la prisión preventiva, y el juez Artacho avaló la medida por el plazo de 30 días mientras avanza la investigación.