El hijo de un bodeguero ya condenado dos veces, acusado de vender cocaína dentro del Penal de Chimbas

Facundo Martín Torraga, hijo del reconocido bodeguero Mario Torraga, vuelve al centro de la escena judicial. La Justicia Federal lo señaló como parte de una organización que comercializaba cocaína dentro del Penal de Chimbas, donde cumple condena por abuso sexual, violencia de género y amenazas contra una ex pareja. Ahora enfrenta un nuevo proceso, esta vez junto a otras 19 personas imputadas por narcotráfico y lavado de activos.

El fiscal federal Fernando Gabriel Alcaraz y la auxiliar fiscal María Florencia Compaired cerraron la investigación y pidieron elevar a juicio la causa. Según la acusación, Torraga se encargaba de vender la droga y de cobrar los pagos a través de billeteras virtuales. La pena solicitada para él es de seis años y seis meses de prisión, multa de 150 unidades fijas, costas y accesorios legales, además de que sea declarado reincidente. Se trata de un pedido del Ministerio Público, no de una condena dictada en este expediente.

La estructura dentro del pabellón 4

De acuerdo con la hipótesis fiscal, en el pabellón 4, sector 2, del Servicio Penitenciario Provincial funcionaba una estructura dedicada a la venta de estupefacientes. El principal responsable y coordinador habría sido Rodolfo Daniel Carrizo. Torraga y Gabriel Antonio Villarroel, también alojados en ese sector, se habrían ocupado de comercializar cocaína entre las personas privadas de libertad y de recibir los pagos en sus propias cuentas de Mercado Pago y Naranja X.

La investigación arrancó con denuncias anónimas que alertaban sobre pagos por droga dentro del pabellón. Una de ellas mencionaba transferencias a una cuenta usada por Torraga y apuntaba a Carrizo como quien manejaba la comercialización. La Fiscalía sumó escuchas telefónicas, análisis de movimientos financieros y pericias sobre dispositivos electrónicos.

El teléfono oculto y los rodillos de pintura

En la celda número 13 de Torraga se secuestró un teléfono Motorola E5 escondido dentro de una madera de la mesa, además de elementos cortopunzantes. Tras un primer intento fallido de extracción, el aparato fue reparado para recuperar su contenido. El informe fiscal señala que se obtuvieron mensajes, registros de llamadas y contactos, aunque la información resultó escasa por el estado del equipo.

Otro hallazgo clave fueron 92 envoltorios pequeños y un paquete de mayor tamaño con cocaína, ocultos dentro de tres rodillos de pintura en el taller de capacitación del pabellón. El análisis químico determinó que la sustancia contenía cocaína mezclada con levamisol. Para la Fiscalía, ese material pertenecía a la estructura que habría encabezado Carrizo.

Los dos núcleos de la organización

El documento describe una organización dividida en dos grandes núcleos. El primero operaba dentro del penal y estaba integrado, según la acusación, por Carrizo, Torraga, Villarroel e Ivana Gabriela Gómez. Carrizo habría ejercido la coordinación, mientras Torraga y Villarroel se ocupaban de vender y cobrar. Gómez, pareja de Carrizo, habría administrado las ganancias y funcionado como nexo con quienes operaban fuera de la cárcel.

El segundo núcleo tenía actividad en el exterior, principalmente en el barrio Noreste III de Santa Lucía y el barrio 7 Conjunto II de Chimbas. La Fiscalía ubica en un lugar central a Oscar Nahuel Carrizo y a su pareja, Carla Luciana Brizuela Robledo, junto con Marisa Matilde Robledo, madre de Brizuela. Este grupo habría coordinado la adquisición, distribución y comercialización de estupefacientes en distintos domicilios.

En esa estructura también aparecen Celina Agostina Carrizo, vinculada al circuito de transferencias y a la redistribución de dinero; los hermanos Gustavo y Mauro Dávila Ochoa, señalados por tareas de comercialización y administración de ganancias; y Mercedes del Valle Roldán y Ramiro Alexis Castro González, a quienes la Fiscalía atribuye venta minorista de cocaína.

Por otro lado, Federico Fabián Carrasco Garín y Lucas Emiliano Pissano habrían tenido a su cargo la custodia de un inmueble del barrio Noreste III donde se encontraron más de cuatro kilos de cocaína. Antonia Graciela Rocha y Maximiliano Gabriel Rodríguez Rocha, en tanto, fueron señalados por el resguardo de otro domicilio donde se secuestró aproximadamente medio kilo de la sustancia.

Billeteras virtuales y bienes a nombre de terceros

La investigación no se limita a la presunta comercialización de droga. La Fiscalía sostiene que parte de las ganancias se canalizaba mediante billeteras virtuales registradas a nombre de terceros, pero que habrían sido utilizadas por integrantes de la organización. También describe operaciones de compra de inmuebles y vehículos que, según la acusación, habrían permitido introducir en el circuito formal fondos provenientes del narcotráfico.

En ese tramo aparecen nuevamente Oscar Nahuel Carrizo y Carla Brizuela Robledo, acusados de adquirir y poner en circulación activos presuntamente ilícitos. A Ceferino Oscar Carrizo y María de los Ángeles Andrada, padres de Nahuel, se les atribuye haber intervenido en operaciones patrimoniales mediante la compra y administración de bienes que habrían quedado registrados a su nombre, con el posible efecto de disimular su origen.

La Fiscalía identificó lotes en el Loteo Fénix, en Santa Lucía, y vehículos vinculados a las operaciones investigadas. En su cálculo, las transacciones patrimoniales relevadas equivalen a 369,7 salarios mínimos, vitales y móviles al momento de las operaciones. Para el Ministerio Público, el uso de cuentas de terceros, titulares registrales familiares y pagos en efectivo o fraccionados habría dificultado seguir el recorrido del dinero.

Qué se le imputa a cada uno

No todos los acusados enfrentan los mismos cargos. Mientras a varios se les atribuye comercialización de estupefacientes como coautores o partícipes primarios o secundarios, la acusación por lavado de activos recae específicamente sobre quienes, según la Fiscalía, habrían intervenido en la adquisición y puesta en circulación de bienes con ganancias ilícitas.

La causa llega así a la instancia de control de la acusación y preparación del juicio oral, con una hipótesis fiscal que vincula las presuntas ventas dentro del penal con una red externa de distribución y movimientos de dinero. La responsabilidad penal de Torraga y de los demás acusados deberá ser determinada en el debate.