El hospital de El Calafate quiere cobrar las entradas a Los Glaciares y el gremio estalló

El hospital de El Calafate quiere quedarse con la recaudación de las entradas a Los Glaciares y los trabajadores denuncian que la propuesta se hizo sin aval del órgano de gobierno. Ahora llevarán el caso a la Justicia.

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El hospital de El Calafate quiere cobrar las entradas a Los Glaciares y el gremio estalló
El hospital de El Calafate quiere cobrar las entradas a Los Glaciares y el gremio estalló

La presidenta del Consejo de Administración del Hospital SAMIC de El Calafate, Yamila Gentiles, envió una nota formal a Parques Nacionales con una propuesta que descolocó a los trabajadores: que el nosocomio no solo se ocupe de la cobertura sanitaria del predio, sino que también administre la recaudación y el control del cobro de acceso al Parque Nacional Los Glaciares.

La iniciativa fue calificada de "inédita e irregular" por los estatales y desató un inmediato rechazo en el ámbito gremial, que la lee como un desvío de los fines institucionales del hospital.

Sin aval del órgano de gobierno

En diálogo con Tiempo FM 97.5, durante el programa La Bisagra, la secretaria general de ATE Seccional Lago Argentino, Corina González, confirmó la alerta que provocó el pedido entre los trabajadores del sector.

Según explicó la dirigente, la presentación se hizo sin el aval formal del órgano de gobierno del hospital: el Consejo de Administración lleva más de dos meses sin sesionar por el vencimiento de los mandatos de los representantes del Ejecutivo Nacional.

Qué dice el escrito y qué objeta el gremio

El reclamo sindical apunta al manejo administrativo del proyecto y al uso de recursos humanos y técnicos destinados a la salud pública. En el escrito elevado a Parques Nacionales, la gestión administrativa del SAMIC argumentó contar con una estructura de 600 trabajadores y áreas operativas de contabilidad y tesorería aptas para administrar el ingreso al parque.

Para ATE, ese planteo genera fuertes dudas sobre las condiciones de contratación del personal y el destino final de los fondos recaudados. Tampoco hay respuestas sobre cómo se fiscalizarán los ingresos ni sobre la viabilidad legal de que una institución sanitaria administre una concesión turística.

Ante ese escenario, el gremio derivó la documentación a su equipo jurídico para concretar la presentación ante la Justicia. Desde ATE remarcaron que el organismo no puede funcionar bajo decisiones unilaterales de su presidencia y solicitaron que se investigue la conducta de las autoridades promotoras de la iniciativa, para determinar posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público.

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