El impuesto que encareció los autos durante una década y el giro que nadie vio venir

Durante más de diez años, un tributo conocido como “impuesto al lujo” marcó a fuego el mercado automotor argentino, encareciendo vehículos y generando distorsiones en los precios. Su reciente eliminación definitiva, tras una larga historia de promesas incumplidas y ajustes, cierra un capítulo polémico que afectó a miles de tucumanos al momento de comprar un auto, ya sea nacional o importado.

Este gravamen, el impuesto interno a los autos, se transformó en uno de los más comentados y debatidos del sector. Su trayectoria está atravesada por decisiones políticas clave, ajustes económicos y efectos directos en el bolsillo de los consumidores.

¿Cómo empezó todo este polémico tributo?

Aunque los impuestos internos existen desde hace décadas en Argentina, fue en enero de 2014 cuando cobraron una relevancia sin precedentes para el mercado del automóvil. La modificación ocurrió durante el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof al frente del Ministerio de Economía.

El objetivo declarado era proteger a la industria nacional frente a los autos importados y frenar la salida de divisas. Sin embargo, la implementación práctica derivó en aumentos muy significativos del tributo para los vehículos de gama alta. Se establecieron escalas según el precio del auto, con alícuotas que originalmente llegaban al 30% e incluso al 50% para bienes considerados suntuarios.

Las distorsiones y las promesas que nunca se cumplían

Con el paso de los años, el impuesto fue objeto de múltiples cambios. En 2018, por ejemplo, se eliminó una primera alícuota más baja, manteniéndose solo la que afectaba a autos de lujo. Luego, en 2024, se elevó el mínimo no imponible en un intento por aliviar la carga sobre los modelos más accesibles.

Pese a estos ajustes, la inflación y la constante devaluación del peso hicieron que cada vez más modelos, incluidos muchos de producción nacional, terminaran pagando el impuesto interno. Esta situación llevó a las automotrices a “topear” los precios de lista oficiales para evitar que sus vehículos quedaran alcanzados por el gravamen, generando una notable distorsión entre los valores publicados y los precios reales de venta.

La eliminación del tributo fue una promesa recurrente. El expresidente Mauricio Macri llegó a anunciar su supresión, pero finalmente lo mantuvo vigente durante toda su gestión, demostrando la complejidad de desarmar una figura que ya estaba arraigada en la estructura de costos.

El final definitivo de una era

El quiebre en esta historia llegó con la administración de Javier Milei. En 2025, su gobierno impulsó la eliminación de la primera escala del impuesto interno, aquella que afectaba a los autos de gama media. Este fue el primer paso concreto hacia el desmantelamiento total del polémico gravamen.

La sentencia final se produjo con la reciente aprobación de la ley de reforma laboral, impulsada por el Poder Ejecutivo y sancionada por el Congreso. Esta normativa incluyó la eliminación definitiva del impuesto interno a los vehículos, cerrando un capítulo de más de una década que alteró los precios, condicionó las decisiones de fabricantes y complicó el acceso al automóvil para miles de argentinos.