El imputado por los contratos truchos de la Legislatura ya duerme en la cárcel de Paraná

La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, ordenó este sábado por la tarde el ingreso a la cárcel de Paraná de Alejandro Almada, imputado por fraude a la Administración Pública en la causa conocida como «contratos truchos» de la Legislatura. La medida se extenderá por 30 días, hasta el 13 de octubre, cuando se evalúe una prórroga o una morigeración.

Los 30 días de prisión preventiva fueron acordados entre el fiscal Ignacio Aramberry y el defensor Miguel Ángel Cullen, y homologados por la jueza. En paralelo, las partes dialogarán sobre una salida alternativa mediante un juicio abreviado: Almada reconocería los delitos y aceptaría una pena menor a los 10 años de cárcel de cumplimiento efectivo que pide la Fiscalía.

El argumento del fiscal: riesgo de fuga y domicilio falso

En la audiencia, Aramberry fundamentó el pedido de prisión preventiva en el riesgo de fuga y en el quiebre de las pautas de conducta impuestas. Según explicó, Almada incurrió en la falsedad del domicilio real que había declarado para permanecer vinculado al proceso.

«Entendemos que se configura la falsedad del domicilio real y esto es considerado indicio de fuga. Se verificó la transgresión a las normas de conductas impuestas el 15 de marzo de 2019. El domicilio fue ratificado en el inicio de la remisión del caso a juicio, donde se remitió una planilla firmada por el imputado. La fiscalía no ha tenido oportunidad de considerar que el imputado haya informado un cambio de domicilio», sostuvo.

El fiscal también remarcó la prohibición de ausentarse de Paraná sin autorización judicial o acuerdo previo con la Fiscalía. «Estas son las pautas que fueron infringidas por el imputado al falsear su situación de residencia», afirmó, y agregó que esa conducta «exhibe cierta falta de arraigo» y «facilidades para ocultarse».

«Constituye un riesgo probable de fuga. Todas las veces que ha pasado la frontera. De mantenerse oculto y más que nada en una zona de triple frontera, donde tiene una estructura económica familiar fuera del país para, de alguna manera, quebrantar esta inhibición general de bienes impuesta en la causa», advirtió.

El representante del Ministerio Público Fiscal también vinculó el peligro de evasión con la expectativa de pena: «Hemos pedido una pena de cumplimiento efectivo de diez años de prisión». Y subrayó: «Esta causa está próxima a remitirse el caso a juicio donde el riesgo de fuga se amplía exponencialmente».

Una red de negocios en Brasil

La Fiscalía puso el foco en el desplazamiento del centro de vida de Almada y en una estructura comercial montada en Brasil. Según los registros migratorios, abandonó su domicilio en Los Ceibos (Paraná) para instalarse cerca de la frontera: acumula casi tres años de permanencia en el extranjero, con períodos de hasta 302 días fuera del país durante 2020.

Esos movimientos coincidieron con la radicación de negocios familiares en Foz de Iguaçu. En el esquema aparece su pareja, Micaela Banegas, sobre quien pesa una inhibición general de bienes. Como no se les conocen ingresos formales en Argentina que justifiquen los desembolsos, la Fiscalía dedujo que las operaciones buscaban eludir las restricciones patrimoniales.

Entre las empresas registradas en Brasil, el fiscal precisó los siguientes capitales: Garage en Bar Limitada (400.000 reales, con aporte de Banegas), Bar B 8, 1 Restaurant Limitada (100.000 reales), Herman Holding Limitada (100.000 reales), Vibra Travel, Agencia de Viajes Limitada (20.000 reales) y Tomás Valentín Bar Limitada (200.000 reales, a nombre de su cuñado).

Aramberry enfatizó que la acumulación de esas sumas en una zona fronteriza apunta a quebrantar la inhibición de bienes, y advirtió que los vínculos con el rubro turístico aumentan el riesgo de fuga.

El rol de Almada en la causa

La prisión preventiva se enmarca en el expediente que investiga el desfalco de fondos públicos en la Legislatura provincial entre 2008 y 2018, con un perjuicio estimado en unos 53 millones de dólares.

Almada es cuñado de Juan Pablo Aguilera, a su vez cuñado del exgobernador Sergio Urribarri. Aunque formalmente figuraba como empleado de la Dirección Contable de la Cámara de Diputados bajo las órdenes de Sergio Esteban Cardoso, la imputación sostiene que en la organización los roles se invertían y Almada operaba como jefe de Cardoso. También era socio de Next SRL, investigada por contratos legislativos entre 2010 y 2015.

Según la Fiscalía, junto a Aguilera no solo recolectaba el dinero de los demás coimputados, sino que intervenía en la gestión de los contratos falsos «para mantener el número de éstos y constante el nivel de recaudación».