El incentivo de Vidal a los docentes que no pararon desató la furia de ADOSAC

La decisión del gobierno de Claudio Vidal de pagar un bono de $500.000 a los maestros que no adhirieron a los paros entre febrero y junio fue calificada como un acto de extorsión y disciplinamiento por parte de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC). El anuncio, realizado días antes del paro nacional convocado por CTERA, encendió la mecha del conflicto gremial.

En un comunicado contundente, ADOSAC sostuvo que el incentivo contradice el discurso del gobernador durante las negociaciones paritarias. "Este anuncio deja al descubierto una verdad que el Gobierno intentó negar durante meses: la plata estaba", expresó el gremio, dejando en evidencia la tensión entre el Ejecutivo provincial y el sector docente.

¿Incentivo o castigo encubierto?

Para la representación gremial, el pago no es un reconocimiento al trabajo docente sino un mecanismo de diferenciación. "Lo que el Gobierno presenta como un incentivo no es otra cosa que un presentismo encubierto y un mecanismo de extorsión destinado a disciplinar a quienes ejercieron un derecho constitucional", señala el texto difundido por ADOSAC.

El sindicato remarcó que el derecho de huelga está garantizado por la Constitución Nacional y consideró que la medida busca "castigar económicamente" a los participantes de las medidas de fuerza, en lugar de resolver el conflicto de fondo. "La educación pública no necesita premios selectivos ni castigos encubiertos", agregaron, reclamando "salarios dignos para todas y todos, escuelas en condiciones".

Los reclamos que siguen sin respuesta incluyen salarios por debajo de la línea de pobreza, problemas de infraestructura escolar, violencia institucional e incumplimientos de acuerdos paritarios.

Paro nacional docente: Santa Cruz se moviliza

Este lunes 3 de agosto, los gremios ADOSAC y AMET adhirieron al paro nacional docente en los niveles inicial, primaria y secundaria, impulsado por la "permanente negativa" del gobierno de Javier Milei a abrir una mesa de diálogo y negociar salarios. La medida reclama el retorno "inmediato" del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para los establecimientos y programas escolares.

Juan Manuel Valentín, secretario general de ADOSAC Río Gallegos, describió la situación como "crítica" debido a la pérdida del poder adquisitivo y la falta de convocatoria a paritarias. "Los salarios no alcanzan y hay trabajadores que están perdiendo su empleo", afirmó en declaraciones radiales.

La convocatoria oficial de CTERA encontró eco en la provincia, con la adhesión de AMET Santa Cruz, por lo que la medida de fuerza alcanzó a establecimientos de distintos niveles. Los sindicatos enumeraron los motivos del paro: en defensa de la escuela pública, por salarios iguales a la canasta familiar, por mayor presupuesto para infraestructura e insumos, en defensa de la Caja de Previsión Social (CPS), contra el proyecto de Ley de Libertad Educativa y por un plan de lucha con continuidad.

Frente a la huelga, el Gobierno nacional activó un esquema de controles para relevar el funcionamiento de las escuelas y verificar la prestación mínima del servicio educativo, considerada esencial. Los inspectores nacionales deben garantizar una cobertura del 75% durante la jornada y, ante incumplimientos, podrían aplicarse sanciones económicas a las organizaciones sindicales.