El infierno de “La Agencia”: cómo captaban, esclavizaban y amedrentaban a jóvenes en Pinamar y La Plata
¿Cómo lograban someter a sus víctimas? Una red de explotación sexual que operaba en Pinamar y La Plata fue desarticulada. Los escalofriantes testimonios de las jóvenes que escaparon.
Una red de explotación sexual que operaba en Pinamar y La Plata fue desarticulada tras una investigación que reveló un mecanismo perverso: captación con promesas de dinero fácil, control total de los ingresos, amenazas y retención de documentos. Las víctimas aseguran que una vez dentro, “no podían salir”.
¿Quiénes lideraban la organización?
La causa, que lleva adelante el fiscal Walter Mercuri, de la UFI N° 8 de General Madariaga, apunta a Luana Meza Romero, de 40 años, y su hija Julieta Santillán, de 21, como las cabezas de “La Agencia”. Ambas fueron detenidas junto a otros implicados, en un operativo que contó con la colaboración de la SubDDI Villa Gesell y la DDI La Plata.
El primer paso: ganarse la confianza
Según el testimonio de dos jóvenes que lograron escapar, Santillán era la encargada de captar a las víctimas. Las chicas, que ya ejercían la prostitución, eran contactadas por ella y seducidas con la promesa de conseguir más clientes y ganar más dinero.
Al principio, el trato parecía justo: ellas se quedaban con lo recaudado. Pero la situación cambiaba con el tiempo, y el sueño de una vida mejor se transformaba en una pesadilla de control y deudas.
Control online y financiero
Mientras Santillán se ocupaba de la captación, Meza Romero manejaba los perfiles de las jóvenes en “Gemidos TV”, una página pornográfica donde se publicitaban los servicios. Las víctimas eran identificadas con pseudónimos y sus fotos aparecían en el sitio.
El dinero, por su parte, no siempre iba a parar a los bolsillos de las trabajadoras. Santillán se quedaba con parte o la totalidad de las ganancias, justificando los descuentos con supuestos gastos de mantenimiento de la web y de “La Agencia”. Además, les cobraban por el alojamiento: una víctima dijo que pagaba $1.500.000, mientras que otra abonaba una cuota de $60.000.
¿Cómo impedían que se fueran?
El control era absoluto. Les retenían el DNI y el celular, para que no pudieran comunicarse con sus familias ni escapar. Las amenazas eran constantes: “Una vez que entrás, no podés salir”, era una de las frases que escuchaban. También les advertían que si hablaban con la Policía, sus familiares sufrirían las consecuencias: “Si decís algo, va a arder Troya”.
Para reforzar el miedo, en algunas ocasiones intervenían hombres que las intimidaban.
El traslado a La Plata
Si alguna quería volver a su casa, la organización la trasladaba a La Plata con la excusa de que ganaría más dinero rápido. Pero la realidad era otra: en los departamentos platenses eran encerradas y obligadas a trabajar para saldar deudas ficticias.
Una víctima que escapó y volvió a caer
Una de las chicas logró huir el año pasado y denunció que Meza Romero había roto los vidrios de su casa. Se mudó con su pareja por miedo, pero tiempo después la mujer la contactó de nuevo, prometiéndole que las condiciones habían cambiado. La víctima aceptó regresar y luego confesó ante la Justicia que fue “la peor decisión que tomé en mi vida”.
El dato que destapó todo
La organización se vino abajo el 5 de agosto, cuando una joven de 20 años llegó a la DDI La Plata acompañada por Santillán. Su familia había denunciado su desaparición, y un efectivo, al notar que la chica podría estar bajo coerción, la separó de Santillán. En la entrevista con el fiscal Mercuri, la joven contó que estaba retenida y que era obligada a trabajar. “Tengo miedo por la vida de mi familia, ya que Lu me dijo que si yo decía algo la iban a pagar mis papás”, declaró.
Ese testimonio llevó a la detención de Santillán. Pero la investigación no terminó ahí: Meza Romero envió a otra joven a la comisaría para averiguar qué pasaba, y los investigadores descubrieron que también era una víctima. “Yo tengo mucho miedo de declarar. No quiero volver con ellas, les tengo miedo”, manifestó.
Allanamientos y paso a la Justicia Federal
Con los testimonios, la Justicia allanó propiedades en Pinamar y La Plata. Secuestraron celulares, documentos de las víctimas, ropa, preservativos, juguetes sexuales y dinero: $3.397.500 en efectivo y USD 1.100.
La causa sigue abierta para determinar cuántas personas integraban la red y cuántas mujeres fueron víctimas. Según fuentes judiciales, el caso será elevado a la Justicia Federal por posible trata de personas.
